Quién era Alex Saab
Alex Nain Saab Morán, nacido en Barranquilla en 1971, era empresario colombiano con residencia y operaciones empresariales en Venezuela desde la década de 2000. A partir de 2011 se vinculó como contratista del Estado venezolano en programas de importación masiva de alimentos —particularmente el sistema CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción)—, en cadenas de construcción de viviendas y en proyectos relacionados con el sector minero. La fiscalía estadounidense lo identificó como uno de los principales operadores financieros del entorno presidencial venezolano y lo acusó formalmente en 2019 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida.
Los cargos federales contra Saab incluyeron conspiración para lavado de dinero, conspiración para violar la Foreign Corrupt Practices Act y conspiración relacionada con sobornos a funcionarios venezolanos. Las sumas involucradas, según la imputación, superaban los 350 millones de dólares procedentes de contratos de importación. Saab fue arrestado en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 cuando su avión privado realizó una escala técnica camino a Irán. La extradición de Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos, ejecutada el 16 de octubre de 2021, fue interpretada por el gobierno venezolano como secuestro y motivó la suspensión inmediata del diálogo de México.
Saab fue extraditado al Distrito Sur de Florida y puesto bajo custodia federal. Su defensa argumentó inmunidad diplomática alegando designación previa como enviado especial. La inmunidad fue rechazada por los tribunales en sucesivas instancias. El proceso judicial avanzaba en 2023 sin sentencia firme cuando se concretó la negociación de canje. La liberación de Saab implicó cierre del proceso penal sin condena, mediante mecanismo discrecional vinculado a interés ejecutivo.
Los estadounidenses bajo custodia venezolana
La práctica venezolana de detener a ciudadanos estadounidenses bajo cargos vagos —espionaje, terrorismo, conspiración— como instrumento de presión diplomática se había consolidado durante el periodo 2017-2022. La administración Biden, a través de la Oficina del Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes (Special Presidential Envoy for Hostage Affairs) dirigida por Roger Carstens, mantuvo canal permanente para gestionar liberaciones. Canjes parciales previos se concretaron en marzo y octubre de 2022. El canje de diciembre de 2023 fue cuantitativamente el más amplio del periodo.
Los diez estadounidenses liberados incluyeron a Joseph Cristella, Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore, Edward Romero, Luke Denman, Airan Berry y otros tres ciudadanos cuyos nombres no fueron divulgados a petición de las familias. Cristella había sido detenido en 2018; Hernández, abogado defensor de derechos humanos en Los Ángeles, en marzo de 2022 cerca de la frontera con Colombia bajo cargos de presunto contrabando. Denman y Berry, exmilitares contratistas, habían sido capturados en mayo de 2020 en el incidente conocido como «Operación Gedeón» en Macuto. Hernández y otros cinco estaban formalmente catalogados por el Departamento de Estado como detenidos injustamente bajo la Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act.
El componente de «Fat Leonard» Francis fue diplomáticamente atípico. Leonard Glenn Francis, contratista naval malasio condenado en Estados Unidos por uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de la Marina estadounidense, había escapado de prisión domiciliaria en San Diego el 4 de septiembre de 2022 y fue capturado dos semanas después en Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando intentaba volar a Cuba. Su devolución a Estados Unidos como parte del canje —técnicamente extradición acelerada— resolvió un caso pendiente del Departamento de Justicia.
«El canje del 20 de diciembre de 2023 fue el más amplio del periodo Biden y combinó tres categorías: detenidos injustamente, presos políticos y un fugitivo federal estadounidense.»
Los presos políticos venezolanos liberados
Aproximadamente veinte presos políticos venezolanos fueron liberados como parte del canje. La cifra exacta y los nombres no fueron publicados en bloque por el gobierno venezolano, pero Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos identificaron a parte del grupo en las semanas posteriores. Entre los liberados estuvieron militares retirados acusados de conspiración, dirigentes opositores con cargos por sedición, dos sindicalistas y al menos un activista de derechos humanos. Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate y exdirector de campaña de María Corina Machado, no fue liberado en este canje y permaneció detenido.
La modalidad de liberación implicó una mezcla de arresto domiciliario, libertad condicional y excarcelación con prohibición de salida del país. Algunos liberados fueron rápidamente reincorporados a actividad política o sindical; otros optaron por silencio público o por exilio voluntario. Foro Penal reportó que para fines de 2023 el total de presos políticos en Venezuela superaba los 270, por lo que el canje de diciembre redujo el universo en menos del 10%.
El gobierno venezolano negó simultáneamente la categoría jurídica de «presos políticos» y reconoció la liberación como gesto humanitario. Esta tensión semántica fue característica del periodo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mantuvieron el seguimiento de los casos. Human Rights Watch publicó comunicado celebrando las liberaciones específicas pero advirtiendo sobre el universo no resuelto.
Marco jurídico y modalidad operativa
El canje fue ejecutado mediante múltiples instrumentos jurídicos paralelos. Por el lado estadounidense, la liberación de Saab requirió coordinación entre el Departamento de Justicia, el Tribunal Federal y la Casa Blanca, fundamentada en la facultad presidencial discrecional sobre procesos pendientes y en consideraciones de política exterior bajo el Article II de la Constitución. La Robert Levinson Hostage Recovery and Hostage-Taking Accountability Act de 2020 autoriza al Presidente a designar enviados especiales y a coordinar negociaciones de rehenes.
Por el lado venezolano, la liberación de los estadounidenses fue ejecutada como acto del Ejecutivo, sin intervención del Tribunal Supremo de Justicia ni de la Asamblea Nacional. Los presos políticos venezolanos fueron liberados mediante medidas judiciales de excarcelación condicional dictadas por tribunales penales bajo instrucción del Ministerio Público. El gobierno venezolano enmarcó el canje como gesto humanitario soberano y como cumplimiento del Acuerdo Parcial sobre Protección Social del 26 de noviembre de 2022.
La logística operativa del canje involucró aeronaves estadounidenses y venezolanas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía durante la jornada del 20 de diciembre. Catar, que había facilitado canales similares con Irán y otros actores, jugó rol indirecto de garantía. La operación se completó en una jornada con coordinación silenciosa entre los respectivos ministerios de exteriores y oficinas presidenciales.
Reacciones internacionales y críticas
El presidente Joe Biden emitió comunicado celebrando la liberación de los ciudadanos estadounidenses como prioridad humanitaria y resaltando el regreso seguro de las familias antes de fin de año. Roger Carstens, enviado especial, agradeció a Catar y a los gobiernos garantes. El Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, contextualizó el canje en el marco de los Acuerdos de Barbados y advirtió que el cumplimiento del Acuerdo Parcial sobre Garantías Electorales seguía siendo condición para el alivio sancionatorio sostenido bajo la GL 44.
Las críticas en Estados Unidos provinieron principalmente de senadores republicanos y de algunos demócratas. Marco Rubio, entonces senador por Florida y posteriormente Secretario de Estado, calificó la liberación de Saab como rendición ante extorsión transnacional. Bob Menéndez expresó reservas similares. Familias de víctimas del lavado vinculado a Saab y organizaciones colombianas afectadas por contratos investigados emitieron comunicados de protesta. Defensores de la modalidad argumentaron que la prioridad ética de salvar vidas estadounidenses justificaba el costo procesal.
En Venezuela, el gobierno celebró la liberación de Saab como victoria diplomática. La oposición valoró las liberaciones de presos políticos venezolanos pero criticó la asimetría: un Saab por veinte venezolanos. María Corina Machado emitió declaración reconociendo el alivio para las familias liberadas pero exigiendo aceleración del cumplimiento integral de los Acuerdos de Barbados, particularmente la habilitación efectiva de candidaturas. Foro Penal reiteró que la prioridad debía ser la liberación de los presos políticos restantes y la prevención de nuevas detenciones.
Implicaciones de mediano plazo
El canje del 20 de diciembre de 2023 cerró el ciclo de cooperación humanitaria del periodo Barbados. La liberación simultánea de Saab y de los estadounidenses fue, hasta ese momento, el indicador más concreto de la operatividad del diálogo bilateral. La continuidad esperada del proceso —habilitación de candidaturas, registro de la diáspora, condiciones equitativas de campaña— no se materializó. El 26 de enero de 2024, la Contraloría General ratificó la inhabilitación de María Corina Machado. El 17 de abril, la GL 44 venció sin renovarse. La trayectoria del canje y la trayectoria política se desacoplaron.
La práctica de detenciones arbitrarias de extranjeros como instrumento de presión diplomática no cesó. A lo largo de 2024 y 2025, el universo de estadounidenses, españoles, franceses, alemanes, canadienses, colombianos y otros nacionales bajo custodia venezolana volvió a crecer. La detención de Joseph St. Clair en noviembre de 2024, de los esposos Carlos Marrón y Mariana Aldazoro en enero de 2025, y la detención breve de María Corina Machado en Chacao el 9 de enero de 2025 marcaron la nueva fase. Canjes adicionales se concretaron en 2024 y 2025 con menor amplitud.
Para Venezuela Primero, el canje Saab es referencia operativa sobre la modalidad de diplomacia transaccional bilateral con régimen autoritario. Tres lecciones permanecen. Primero, la efectividad humanitaria del modelo en términos de vidas salvadas. Segundo, su limitación estructural: cada canje crea incentivos perversos para nuevas detenciones. Tercero, su naturaleza de sumar pasos sin garantizar transición política. La transición administrada de enero 2026 fue, en parte, respuesta al agotamiento del modelo transaccional puro.
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