Antecedentes del proceso
El diálogo entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria —coalición política que agrupa a las principales formaciones de oposición— se reanudó formalmente en agosto de 2021 con la firma del Memorando de Entendimiento en Ciudad de México. La estructura del proceso incluyó al Reino de Noruega como facilitador, designado por su tradición de mediación silenciosa en conflictos políticos comparables (Sudáfrica 1990, Centroamérica con Esquipulas II en 1987, Colombia con las FARC en 2012-2016). México actuó como sede y los Países Bajos, Rusia y otros países como observadores con roles diferenciados.
El proceso se suspendió en octubre de 2021 cuando Estados Unidos extraditó al empresario colombo-venezolano Alex Saab desde Cabo Verde, donde había sido detenido en junio de 2020. El gobierno venezolano argumentó que la extradición violaba la inmunidad diplomática que reclamaba para Saab como presunto enviado especial. La pausa duró catorce meses. La reanudación ocurrió el 26 de noviembre de 2022 con la firma del Segundo Acuerdo Parcial sobre Protección Social, que estableció el marco para administrar a través de Naciones Unidas un fondo nutrido por activos venezolanos congelados en jurisdicciones extranjeras.
Durante 2023, los equipos negociadores intercambiaron documentos preparatorios bajo la modalidad track-2 entre Caracas, Oslo, Doha y Washington. Las delegaciones formales fueron encabezadas por Jorge Rodríguez Gómez —presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y hermano de Delcy Rodríguez— por el gobierno, y por Gerardo Blyde, exalcalde de Baruta, por la Plataforma Unitaria. La facilitación noruega operó bajo un equipo dirigido por el embajador Dag Nylander, con experiencia previa en el proceso colombiano.
Estructura del Acuerdo Parcial sobre Garantías Electorales
El Acuerdo sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales contiene cláusulas técnicas y políticas. En el ámbito técnico, las partes acordaron que las elecciones presidenciales se celebrarían en el segundo semestre de 2024, con observación electoral internacional invitada de la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y otros organismos creíbles. Se acordó actualizar el Registro Electoral, incluyendo a venezolanos en el exterior, y ofrecer a todos los ciudadanos elegibles la posibilidad de votar.
En el ámbito político, el acuerdo reconoció el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato libremente y, paralelamente, autorizó la creación de un mecanismo expedito de revisión administrativa para las inhabilitaciones. Esta cláusula se firmó pensando en candidatos como María Corina Machado, recientemente vencedora de las primarias opositoras del 22 de octubre, pero también afectaba a Henrique Capriles Radonski y otros dirigentes con sanciones administrativas. La interpretación práctica de esta cláusula fue una de las disputas centrales del periodo posterior.
Las partes acordaron además garantías sobre acceso equitativo a medios de comunicación durante la campaña, sobre el funcionamiento del Plan República (despliegue militar para custodia de centros de votación) y sobre el rol independiente del Consejo Nacional Electoral. El Acuerdo Parcial estableció una cláusula de seguimiento bajo facilitación noruega y un mecanismo de buenos oficios para resolver desacuerdos interpretativos.
«Los Acuerdos de Barbados son el documento bilateral más sustantivo firmado entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria, y la base política del ciclo electoral 2024.»
Acuerdo sobre Protección de los Intereses Vitales
El Acuerdo Parcial sobre Protección de los Intereses Vitales de la Nación, firmado simultáneamente, recogió posiciones sobre la integridad territorial y la defensa nacional. El documento expresó preocupación por las pretensiones del Reino Unido y de Guyana sobre la región del Esequibo, y reiteró el carácter inalienable del reclamo histórico venezolano. La inclusión de este texto fue impulsada por el gobierno como condición de firma del paquete electoral, en un momento en que el contencioso territorial Venezuela-Guyana avanzaba en la Corte Internacional de Justicia.
El Acuerdo de Intereses Vitales también contiene compromisos sobre protección de la institucionalidad militar y sobre rechazo a sanciones unilaterales. Esta segunda cláusula fue interpretada por la Plataforma Unitaria como reconocimiento del paradigma diplomático de levantamiento gradual y condicionado, no como rechazo absoluto al régimen sancionatorio. La asimetría interpretativa entre ambas partes sería visible en los meses siguientes.
Tres semanas después de la firma de Barbados, el 3 de diciembre de 2023, el gobierno venezolano celebró un referéndum consultivo sobre el Esequibo. La oposición criticó la temporalidad del referéndum y su tono militarista; el gobierno presentó altas tasas de participación que fueron impugnadas por organismos electorales independientes. El episodio generó tensión sobre la fidelidad bilateral al espíritu del Acuerdo de Intereses Vitales.
Reacciones internacionales
Estados Unidos respondió de inmediato. El 18 de octubre, OFAC emitió la Licencia General 44 que autorizó por seis meses operaciones amplias en el sector petrolero y gasífero venezolano. El Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, calificó los Acuerdos como «paso significativo» y advirtió que el alivio sancionatorio dependería del cumplimiento verificable. La Unión Europea felicitó la firma. La OEA, bajo el secretario general Luis Almagro, fue más cauta y exigió la habilitación efectiva de candidatos.
Brasil, con Lula da Silva en su primer año del tercer mandato, jugó un papel clave de respaldo. Colombia, bajo Gustavo Petro, sostuvo posición similar. México, que siguió como sede del proceso aunque la firma se trasladó a Bridgetown por razones logísticas y simbólicas, celebró el resultado. Argentina —entonces aún bajo el gobierno de Alberto Fernández— participó como observador. Países Bajos confirmó su rol observador conforme al diseño previo. Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron mensajes de respaldo.
Rusia, China e Irán, sin participar formalmente, registraron la firma con cautela y reiteraron su oposición al régimen sancionatorio estadounidense. Cuba, Nicaragua y Bielorrusia mostraron desconfianza hacia el componente electoral. La sociedad civil venezolana —Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia, COFAVIC— recibió los acuerdos con esperanza moderada y advirtió sobre el riesgo de incumplimiento, particularmente en materia de inhabilitaciones políticas y libertad de presos políticos.
Trayectoria de cumplimiento
El cumplimiento de los Acuerdos de Barbados resultó parcial y selectivo. En términos positivos: hubo proceso electoral con calendario formalmente respetado en su fecha (28 de julio de 2024); el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU enviaron observadores, aunque ambos limitados en alcance respecto a misiones plenas; la oposición tuvo candidato en boleta tras la designación de Edmundo González Urrutia en abril de 2024; algunos presos políticos fueron liberados.
En términos negativos: la inhabilitación de María Corina Machado fue ratificada por la Contraloría General el 26 de enero de 2024, en una decisión que la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo calificaron de arbitraria; el cronograma electoral fue comprimido limitando registro de la diáspora —de aproximadamente 5,5 millones de venezolanos fuera del país, sólo unos 69.000 lograron inscribirse—; las condiciones equitativas de campaña no se materializaron en términos de acceso a medios y de seguridad para la actividad política opositora; las garantías sobre el Plan República no se cumplieron plenamente.
El 17 de abril de 2024, OFAC dejó vencer la GL 44 sin renovarla, fundamentando la decisión en el incumplimiento documentado de los Acuerdos. Estados Unidos retomó el régimen de licencias específicas caso-por-caso. Esta decisión cerró el ciclo abierto el 18 de octubre de 2023 y precedió al evento bisagra del 28 de julio.
- ›Calendario electoral respetado en fecha (28 julio 2024)
- ›Inhabilitaciones no levantadas (caso MCM ratificado en enero 2024)
- ›Registro de diáspora limitado (~69.000 inscritos de ~5,5M)
- ›Centro Carter y Panel ONU presentes pero con alcance limitado
- ›GL 44 no renovada el 17 abril 2024 por incumplimiento
Significado histórico
Los Acuerdos de Barbados son hoy el referente documental del ciclo electoral 2023-2024. La existencia de un texto firmado, con compromisos enumerados, permitió la calibración objetiva del cumplimiento y, por lo tanto, la decisión informada de Estados Unidos sobre el alivio sancionatorio. El modelo Barbados —Acuerdo + Licencia General condicionada + observación internacional + revisión periódica— quedó como referencia operativa para la doctrina de transición negociada.
La Plataforma Unitaria, que el 22 de octubre de 2023 había celebrado primarias internas con participación masiva, encontró en Barbados el reconocimiento institucional de su existencia. El acuerdo creó las condiciones para que María Corina Machado, ganadora de las primarias con aproximadamente 92,5% de los votos, asumiera el liderazgo público de la candidatura unitaria, aunque su inhabilitación administrativa la forzaría a ceder formalmente a Edmundo González en abril de 2024.
Para Venezuela Primero, los Acuerdos de Barbados son el dato fundacional desde el cual se mide la credibilidad de cualquier proceso de transición. El éxito relativo del componente electoral —incluso con su incumplimiento parcial— y el fracaso del componente de garantías políticas constituyen lecciones operativas para la fase de transición administrada iniciada en enero de 2026.