El régimen sancionatorio previo
El régimen de sanciones financieras estadounidenses contra Venezuela se construyó incrementalmente. La Executive Order 13692 de 2015, firmada por el presidente Barack Obama, declaró emergencia nacional y autorizó sanciones a individuos asociados con violaciones de derechos humanos. La Executive Order 13808 de 2017, firmada por el presidente Donald Trump, prohibió a personas estadounidenses operar con deuda nueva del gobierno venezolano y de PDVSA, restringiendo el acceso al mercado de capitales internacional.
Las Executive Orders 13827 de 2018 (sobre criptomonedas emitidas por el gobierno como el petro) y 13835 de 2018 (sobre cuentas por cobrar y participación accionaria) extendieron el alcance. La Executive Order 13850 de noviembre de 2018 designó al sector oro y autorizó designaciones contra personas del sector económico venezolano. La Executive Order 13857 de 2019 amplió el universo de instituciones y personas sujetas. La Executive Order 13884 de agosto de 2019 estableció bloqueo amplio a todos los activos del gobierno de Venezuela en jurisdicción estadounidense.
PDVSA fue añadida a la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) el 28 de enero de 2019. Esta designación, que en términos prácticos significaba prohibición casi total de transacciones con la empresa estatal, hizo necesaria una arquitectura de licencias generales y específicas que permitiera mantener operaciones de excepción —desinversión, mantenimiento mínimo, exportaciones a refinerías estadounidenses con cuentas bloqueadas, mantenimiento de activos físicos.
Los Acuerdos de Barbados como antecedente directo
Los Acuerdos de Barbados, firmados en Bridgetown el 17 de octubre de 2023 entre la delegación gubernamental encabezada por Jorge Rodríguez Gómez y la delegación de la Plataforma Unitaria encabezada por Gerardo Blyde, establecieron compromisos sobre cinco ejes: (1) cronograma electoral con observación internacional creíble, (2) fecha de elecciones presidenciales en 2024, (3) condiciones equitativas de campaña incluyendo acceso a medios de comunicación, (4) habilitación de candidaturas previamente inhabilitadas administrativamente, (5) verificación independiente del registro electoral.
La firma fue facilitada por la diplomacia noruega, que desde 2019 había mantenido un canal silencioso de Track-2 entre las partes en Oslo. La presencia de los gobiernos de Argentina (gobierno de Alberto Fernández antes de Milei), Brasil, Colombia, Estados Unidos como observador, México, Países Bajos y Noruega validó el proceso. La estructura de los acuerdos sigue el modelo de Esquipulas II 1987 para Centroamérica y de los acuerdos de Sudáfrica 1990.
La GL 44 fue diseñada como mecanismo de incentivo: los Acuerdos generaban compromiso de cumplimiento, y EE.UU. respondía con alivio sancionatorio temporal y revisable. La condicionalidad explícita estaba en los puntos clave: liberación de presos políticos, levantamiento efectivo de inhabilitaciones, condiciones de campaña verificables. La duración de seis meses de la GL 44 establecía un primer punto de evaluación.
«La GL 44 fue diseñada como mecanismo de incentivo: los Acuerdos generaban compromiso, y EE.UU. respondía con alivio sancionatorio temporal y revisable.»
Contenido sustantivo de la GL 44
La Licencia General 44 autorizó, durante seis meses, las siguientes operaciones bajo las Venezuela Sanctions Regulations 31 CFR Part 591: (a) producción, extracción, venta y exportación de petróleo y gas desde Venezuela; (b) provisión de bienes y servicios relacionados con el sector petrolero y de gas venezolano; (c) pagos de dividendos a tenedores de capital en el sector; (d) inversiones nuevas en el sector petrolero y gasífero venezolano; (e) acceso al sistema bancario para liquidación de transacciones del sector.
La GL 44 mantuvo prohibiciones explícitas: (1) transacciones con personas designadas en la lista SDN diferentes de PDVSA y sus subsidiarias; (2) provisión directa o indirecta de soporte material a actividades en violación de derechos humanos; (3) operaciones que generaran rentas a actores fuera del sector formal; (4) transacciones con sectores específicos —oro y diamantes, sectores con designaciones particulares.
OFAC simultáneamente emitió la GL 45 sobre transacciones con la PDVSA-CITGO en cuentas bloqueadas y la GL 43 sobre el sector aurífero CVG Minerven. La GL 44 superseded en alcance la GL 41 de Chevron de noviembre 2022, sin revocarla formalmente —GL 41 continuaba aplicando para actividades específicas de Chevron como operador de joint ventures con PDVSA bajo condiciones particulares de su licencia individual.
- ›Vigencia inicial: 18 oct 2023 → 18 abr 2024 (seis meses)
- ›Cobertura: producción, venta, exportación, pagos, inversiones nuevas
- ›Mantiene prohibiciones SDN, derechos humanos, sectores designados
- ›Coexiste con GL 41 (Chevron), GL 43 (oro), GL 45 (PDVSA-CITGO)
- ›Fundamento normativo: 31 CFR Part 591
Reacción del mercado y la industria
El precio del petróleo Venezuelan Merey en el spot market mostró respuesta inmediata: el descuento aplicado al crudo venezolano frente al WTI se redujo de aproximadamente USD 23/barril previa a la GL 44 a USD 17/barril en las semanas siguientes. La producción venezolana, que en septiembre 2023 promediaba aproximadamente 765 mil barriles diarios, alcanzó 880 mil barriles diarios en el primer trimestre 2024.
Operadores internacionales activaron conversaciones técnicas con PDVSA. Reliance Industries reanudó importaciones de crudo venezolano. Eni mantuvo operación en el campo Cardón IV. Repsol amplió su operación. Operadores asiáticos —Maurel & Prom, ENI, etcétera— evaluaron retorno a campos previamente abandonados. Trafigura, Vitol y otros traders accedieron al mercado del Merey con menos restricciones operativas.
Los efectos en el ingreso fiscal venezolano fueron significativos: el incremento en producción combinado con la reducción del descuento generó ingresos petroleros adicionales estimados por Ecoanalítica y Aristóbulo Istúriz Center en USD 2,6 a USD 3,1 mil millones durante los seis meses. Estos recursos fueron clave para sostener salarios públicos, importaciones de alimentos vía empresas binacionales, y el flujo de divisas hacia el régimen de cambio Bs/USD.
El no-renovación del 17 de abril de 2024
El 17 de abril de 2024, OFAC dejó vencer la GL 44 sin renovarla. Simultáneamente publicó la GL 44A, una licencia transitoria de 45 días para que las operaciones autorizadas durante el periodo de la GL 44 pudieran cerrar de manera ordenada. La decisión se fundamentó en el incumplimiento documentado de los Acuerdos de Barbados por parte del gobierno venezolano: la inhabilitación de María Corina Machado fue ratificada por la Contraloría General; el cronograma electoral fue comprimido limitando registro de la diáspora; las condiciones equitativas de campaña no se materializaron.
El régimen post-GL 44 retomó la modalidad de licencias específicas caso-por-caso. Operadores internacionales tuvieron que solicitar a OFAC autorizaciones individuales para mantener operaciones. El proceso de evaluación se restringió: cada licencia específica se evaluaba por su contribución concreta a la economía de la población civil venezolana versus su efecto neto sobre el régimen sancionatorio.
La administración Joe Biden mantuvo este régimen durante los meses restantes de su mandato. Edmundo González Urrutia fue reconocido como presidente electo de Venezuela en noviembre de 2024 por la administración Biden. La Cámara de Representantes aprobó mociones bipartidistas en respaldo. La transición a la administración Trump en enero 2025 trajo el endurecimiento adicional: revocación efectiva de la GL 41 entre febrero y marzo 2025, y refuerzo militar en el Caribe a partir de agosto.
Análisis doctrinal
La GL 44 establece un caso de estudio relevante para la doctrina de sanciones secundarias y la negociación de transición. Tres lecciones permanecen: (1) la condicionalidad explícita y las cláusulas temporales son indispensables para que el alivio funcione como incentivo y no como rendición unilateral; (2) la cooperación internacional —Noruega como facilitador, México y Brasil como observadores, EE.UU. como garante— amplía la legitimidad y la sostenibilidad del marco; (3) la reversión rápida ante incumplimiento es jurídicamente viable bajo el modelo de licencia general con vigencia limitada.
Los críticos del modelo argumentaron que la GL 44 generó rentas al régimen sin retorno electoral suficiente. Los defensores argumentaron que abrir el cauce diplomático fue indispensable para que los hechos del 28 de julio de 2024 quedaran documentados. La verdad histórica muestra ambos elementos: hubo flujo financiero al gobierno venezolano y hubo proceso documentado que culminó en la base de actas que permitió la verificación del resultado real.
Para el régimen de sanciones post-2026, la GL 44 funciona como referencia operativa. La cuarentena petrolera del plan tripartito presentado por el Secretario Marco Rubio el 7 de enero de 2026 toma elementos del diseño de la GL 44 (cobertura amplia, fideicomiso de ingresos) pero supersede el modelo de licencias generales por un mecanismo de control directo de los flujos del sector petrolero venezolano.
Cómo consultar la documentación oficial
Los textos oficiales de las Licencias Generales se publican en el portal de OFAC. La página oficial del programa Venezuela está en ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/venezuela-related-sanctions, donde se listan las licencias actualmente vigentes y enlaces a documentos PDF de cada una. La página de Recent Actions en ofac.treasury.gov/recent-actions permite filtrar por fecha y por programa para consultar emisiones, modificaciones y revocaciones.
Para investigación documental adicional: el sitio Federal Register publica todas las acciones regulatorias bajo el International Emergency Economic Powers Act y la Trading with the Enemy Act que sustentan jurídicamente las sanciones. Los Congressional Research Service Reports han publicado análisis técnicos sobre las licencias venezolanas; especialmente recomendable los reportes R44841 y R45001 sobre evolución del programa Venezuela. La Government Accountability Office mantiene auditorías sobre la implementación.