El mapa de activos identificados
El primer activo identificable son las cuentas correspondentes de bancos venezolanos y de empresas vinculadas al entorno PDVSA en bancos estadounidenses. Desde 2017 el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia han congelado fondos en cuentas en Nueva York, Miami y Houston bajo investigaciones de lavado de dinero y violación de la Foreign Corrupt Practices Act. Cifras públicas oscilan en el rango de 1.000 a 2.000 millones de dólares, distribuidos entre múltiples casos abiertos. La mayoría de los fondos siguen en fase de discovery o de congelamiento administrativo: el procedimiento civil de forfeiture bajo 18 USC §981 no ha completado todavía las disposiciones definitivas para la mayor parte del universo identificado.
El segundo activo, y el de mayor visibilidad pública, es el oro venezolano depositado en el Bank of England. Aproximadamente 31 toneladas, equivalentes a unos 5.500 millones de dólares al precio promedio de 2025, fueron consignadas por el Banco Central de Venezuela entre 2008 y 2011 bajo contrato de custodia estándar. Desde 2018, el Bank of England ha rechazado peticiones de retiro tanto del gobierno de Maduro como del gobierno interino de Guaidó, alegando ambigüedad sobre la representación legítima del Estado venezolano. La Suprema Corte del Reino Unido ratificó en diciembre de 2022 la validez del reconocimiento del gobierno de Guaidó por el ejecutivo británico, aunque el oro permanece congelado en la práctica.
El tercer activo es CITGO Petroleum, filial estadounidense de PDVSA con operaciones de refinación en Lake Charles, Corpus Christi y Lemont. Su valuación neta ha sido estimada por analistas en el rango de 8.000 a 13.000 millones de dólares. Desde 2019 está bajo administración del board designado por el gobierno interino. En octubre de 2024 el Eleventh Circuit Court of Appeals validó el procedimiento de subasta de las acciones de PDV Holding, holding paterno de CITGO, para satisfacer el laudo CIADI de 1.200 millones de dólares más intereses obtenido por la minera canadiense Crystallex tras la expropiación de Las Cristinas en 2008. Otras 18 reclamaciones, por un total agregado superior a 25.000 millones, esperan turno detrás de Crystallex.
El cuarto activo, disperso pero no menor, son los bienes físicos: yates, aviones privados, apartamentos en Brickell y Sunny Isles, mansiones en Beverly Hills, oficinas en Madrid, granjas en Domincana. Múltiples casos de civil forfeiture específicos han incautado bienes individuales en los últimos siete años. El caso Naman Wakil, sentenciado en SDFL en 2023, incluyó decomisos por más de 200 millones de dólares en bienes inmuebles. El total agregado supera, según estimaciones combinadas de DOJ y de la organización Transparencia Venezuela, los 1.500 millones.
El quinto y último activo significativo son los fondos en cuentas privadas en Andorra, Suiza, Liechtenstein y otras jurisdicciones europeas. La cooperación con autoridades andorranas tras el escándalo de Banca Privada d'Andorra (2015) permitió identificar más de 2.000 millones en transferencias del entorno PDVSA. Una fracción menor ha sido formalmente decomisada y está pendiente de procedimientos bilaterales de retorno.
Las cuatro vías legales en estado actual
La primera vía es la persecución penal bajo la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Más de 25 individuos vinculados a esquemas PDVSA y CLAP han sido formalmente imputados desde 2017 en el Distrito Sur de Florida y otros distritos federales. Roberto Rincón, Abraham Shiera, Daisy Rafoi, José Alvarado Pisani, Naman Wakil y Carmelo Urdaneta se han declarado culpables bajo plea agreements que incluyeron devolución parcial de activos. El caso Saab, imputación pivote, fue cerrado sin condena por consideraciones de política exterior tras el canje de diciembre de 2023. La lección operativa: la persecución penal funciona pero es vulnerable a decisiones ejecutivas; no debe ser la única vía.
La segunda vía es el civil forfeiture in rem bajo las secciones 981, 1956 y 1957 del Título 18 del Código de Estados Unidos. Procedimiento contra el activo, no contra la persona. Estándar probatorio: preponderancia de la evidencia, inferior al estándar penal. No requiere condena del responsable. La Money Laundering and Asset Recovery Section del DOJ tiene equipos dedicados a la Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Casos VZ abiertos bajo esta vía superan la decena, con activos identificados en cuentas, bienes inmuebles y vehículos.
La tercera vía es la designación administrativa bajo Global Magnitsky (Ley 114-328 de 2016), Executive Order 13818 y el Venezuela-Related Sanctions Regulations en 31 CFR Part 591. Más de 150 individuos venezolanos han sido designados desde 2017: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Maikel Moreno, Néstor Reverol, Vladimir Padrino López, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Tarek William Saab, jueces del Tribunal Supremo de Justicia, oficiales de alto rango de la Fuerza Armada Bolivariana. Cada designación trae bloqueo automático de cuentas en correspondentes de Estados Unidos. Importante: la designación congela, no recupera. Es paso previo, no resolutivo.
La cuarta vía es la cooperación bilateral mediante el Mutual Legal Assistance Treaty firmado en 1997. El MLAT es técnicamente vigente pero estuvo suspendido en la práctica entre 2019 y 2024 por la ruptura diplomática. La reapertura de la embajada estadounidense en Caracas en febrero de 2026 permite retomar el canal formalmente. Sin MLAT operativo, la repatriación de evidencia y de activos es jurídicamente posible pero operativamente inviable.
«Las cuatro vías son complementarias, no alternativas. Una estrategia eficaz combina las cuatro en simultáneo bajo un mecanismo de coordinación bilateral.»
El modelo 1MDB como referente
1Malaysia Development Berhad es el caso de mayor recuperación civil en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre 2009 y 2015, aproximadamente 4.500 millones de dólares fueron desviados desde el fondo soberano malayo hacia cuentas controladas por Najib Razak, entonces Primer Ministro, Jho Low y otros operadores. Los fondos compraron arte de Picasso y Basquiat, bienes inmuebles en Beverly Hills y Manhattan, un yate de 250 millones de dólares y financiaron incluso la película 'The Wolf of Wall Street'. Goldman Sachs intermedió tres bonos por 6.500 millones cobrando comisiones inusualmente altas.
El playbook que el Departamento de Justicia desplegó tiene cinco componentes: investigación FBI más IRS desde 2015 con SAR triggers en HSBC, JP Morgan y BNY Mellon; civil forfeiture complaints en el Distrito Central de California a partir de 2016 identificando más de 1.700 millones en activos; acuerdo con Goldman Sachs en 2020 por 2.900 millones en multas más 1.400 millones en disgorgement; cooperación con Malasia post-2018 tras el cambio de gobierno de Mahathir Mohamad, con MLAT requests acelerados; y condena de Najib Razak en 2020 por el caso SRC International con 12 años de prisión.
El total recuperado por Malasia, sumando DOJ, Goldman Sachs y procedimientos locales, supera los 5.500 millones de dólares. Los factores que hicieron que funcionara son aplicables al caso venezolano con condicionalidad: cambio de gobierno con contraparte cooperativa, activos físicos identificables, cooperación corporativa de los facilitadores, mecanismo de retorno con trustee independiente y auditoría pública del uso de fondos. El primer factor —contraparte gubernamental legítima— es prerequisito no negociable.
Plantilla del Marco de Recuperación VZ-EEUU
El plan tripartito anunciado por el Secretario Rubio en enero de 2026 contempla tres fases: estabilización, recuperación económica y transición política. El Marco de Recuperación de Activos encaja como séptimo bloque del Marco Estratégico de Cooperación Económica VZ-EEUU, paquete de comercio bilateral por orden ejecutiva que se ha discutido públicamente desde marzo. La premisa de diseño es la condicionalidad: sin compromiso anticorrupción ejecutable, no hay licencias OFAC ampliadas para crudo, gas y oro.
Los componentes operativos propuestos por analistas del Council on Foreign Relations, del Brookings Institution y de Transparencia Venezuela incluyen: inventario público trimestral DOJ y OFAC con identificación y status procesal de cada activo congelado; cláusula bilateral de retorno por la cual todos los activos forfeitados de origen venezolano se devuelven a un trustee independiente; trustee con board mixto de Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo y representantes de sociedad civil con supervisión judicial bilateral; mecanismo de uso finalista limitado a educación, salud y reconstrucción de infraestructura, con auditoría pública obligatoria; aceleración del MLAT con protocolo de respuesta de 90 días para solicitudes desde Venezuela; y equipo dedicado en la Money Laundering and Asset Recovery Section del DOJ para los cinco casos pivote: pendientes Saab, oro Bank of England, CITGO, cuentas correspondentes PDVSA y casos Andorra.
El nombre importa. Llamarlo 'Marco de Recuperación de Activos' y no 'asset return clause genérica' lo blinda del ataque de sectores de la oposición democrática venezolana que temen que un TLC normalice al régimen sin justicia. Es cláusula condicionante operativa, no aspiracional.
Prerequisitos políticos y obstáculos
El primer prerequisito es estructural: existencia de una contraparte gubernamental venezolana legítima y cooperativa. La lección 1MDB fue concluyente: sin equivalente Najib-out / Mahathir-in, el vehículo de retorno no se materializa. La fase de Transición del plan tripartito de Rubio es entonces precondición, no consecuencia, de la recuperación efectiva de activos. Esa secuencia importa para el diseño operativo.
El segundo prerequisito es voluntad bipartisan en Estados Unidos. Hoy existe condicionada al avance del plan tripartito. Senadores republicanos como Marco Rubio (hoy Secretario de Estado) y Bob Menéndez en su momento, y demócratas como Tim Kaine y Bob Casey, han apoyado iniciativas de asset recovery. La fragilidad de la voluntad política se manifiesta en cada ciclo electoral; el blindaje legal del Marco con BITs y contratos comerciales soberanos es la única forma de sobrevivir cambios de administración.
El tercer prerequisito es capacidad institucional venezolana. Un trustee independiente requiere reforma judicial previa, fiscalía autónoma, contraloría profesional. La Asamblea Nacional electa en 2025 bajo control oficialista no califica. La fase de Transición debe entregar instituciones reformadas antes del despliegue operativo del trustee.
El cuarto prerequisito es cooperación europea ampliada. Reino Unido con el oro Bank of England, Andorra con BPA, Suiza con cuentas privadas, España con bienes inmuebles, Portugal con flujos vinculados a empresarios venezolanos residentes. Sin coordinación atlántica, la fragmentación jurisdiccional permite arbitraje regulatorio.
Los obstáculos identificables son tres: la primera, la judicialización paralela en Venezuela que pueda crear órdenes contradictorias sobre los mismos activos. La segunda, el lobby de los facilitadores corporativos —bancos, despachos, contratistas— que tienen interés en cerrar los casos sin disgorgement. La tercera, el riesgo de capture del trustee por las mismas estructuras políticas que se busca neutralizar.
- ›Universo identificado bajo jurisdicción occidental: ≥US$ 15.000M
- ›Cuentas correspondentes congeladas por DOJ: US$ 1-2B
- ›Oro VZ en Bank of England: ~US$ 5.500M (31 toneladas)
- ›CITGO valuación neta: US$ 8-13B (en proceso de subasta Crystallex)
- ›Imputaciones FCPA desde 2017: >25 individuos
- ›Designaciones GLOMAG sobre venezolanos: >150
- ›Modelo de referencia 1MDB: US$ 5.500M+ recuperados
- ›Plan tripartito Rubio: estabilización → recuperación → transición