Antecedentes operativos
El 2 de enero de 2026, el presidente Donald J. Trump anunció en una breve declaración desde la Casa Blanca que Estados Unidos «conducirá ataques militares en Venezuela a menos que ocurra una entrega segura, apropiada y prudente del poder». La declaración fue interpretada por analistas regionales como ultimátum operativo y no como declaración política. La cúpula militar venezolana se reunió esa misma noche en la Comandancia del Ejército.
El despliegue naval y aéreo del Comando Sur en el Caribe había comenzado en agosto de 2025 con el anuncio de la Fiscal General Pam Bondi de una recompensa de USD 50 millones por la captura de Maduro bajo cargos federales del Distrito Sur de Nueva York. El portaaviones USS Gerald R. Ford y un grupo de batalla con destructores AEGIS, anfibios de la Fuerza de Tarea 41 y plataformas aéreas, se posicionaron progresivamente entre septiembre y diciembre de 2025.
Las operaciones SOUTHCOM contra embarcaciones señaladas como tráfico de drogas vinculado al Cártel de los Soles —designado por OFAC en julio de 2024 como organización transnacional— habían establecido una base operativa en el espacio marítimo y aéreo previo. Para diciembre de 2025, EE.UU. había incautado tanqueros con petróleo sancionado por OFAC. La CIA conducía operaciones encubiertas reportadas por inteligencia abierta vía Reuters y The Wall Street Journal.
Marco jurídico estadounidense
Maduro había sido formalmente acusado el 26 de marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usarlas en relación con tráfico de drogas. Cilia Flores enfrentaba cargos relacionados por su participación en presuntas redes de blanqueo. La fiscalía actuante era el U.S. Attorney's Office para el Southern District of New York.
El uso de fuerza militar fuera de territorio estadounidense para captura de individuos acusados penalmente requiere autorización presidencial. La Casa Blanca articuló la operación bajo el marco combinado de la Authorization for Use of Military Force (AUMF) post-2001 invocando designaciones de organización terrorista del Cártel de los Soles, de la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, y de poderes presidenciales bajo el Article II.
La Office of Legal Counsel del Departamento de Justicia emitió previamente memorandos confidenciales sobre la legalidad de la captura extraterritorial. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la validez de la operación, pero el precedente de United States v. Alvarez-Machain (1992) establece que la presencia forzosa de un acusado ante un tribunal estadounidense no priva a éste de jurisdicción.
«El uso de fuerza militar para captura penal extraterritorial reposa sobre tres pilares: AUMF post-2001, Foreign Narcotics Kingpin Designation Act y poderes constitucionales del Artículo II.»
Ejecución de la operación
La operación ejecutada el 3 de enero combinó componentes navales, aéreos y de fuerzas especiales. Los detalles específicos permanecen clasificados, pero comunicaciones oficiales de la Casa Blanca y del Departamento de Defensa describieron una acción «de horas» con coordinación previa con elementos del aparato de seguridad venezolano que aceptaron la transición. La presencia de buques estadounidenses en aguas próximas a La Orchila y Margarita fue reportada por inteligencia abierta marítima.
Maduro, Flores y el grupo capturado fueron trasladados en aeronaves militares estadounidenses al territorio continental de Estados Unidos. La cadena de custodia legal involucró al U.S. Marshals Service una vez que los detenidos cruzaron la frontera del espacio aéreo controlado por jurisdicción federal. La Defense Intelligence Agency, la CIA y la DEA coordinaron en el lado de inteligencia; el Departamento de Estado coordinó la pieza diplomática con aliados regionales.
Bajas y víctimas civiles: el Departamento de Defensa confirmó cero bajas estadounidenses. Bajas del lado venezolano fueron limitadas según reportes oficiales preliminares; la Misión de la ONU y la CIDH solicitaron acceso para verificación independiente que comenzó en la semana subsiguiente. Las instalaciones críticas (refinerías, plantas eléctricas, sistemas de comunicaciones) no fueron objeto de la operación; permanecieron operativas.
Reacción internacional
La Casa Blanca emitió comunicado oficial a las primeras horas del 3 de enero confirmando la operación y declarando que Estados Unidos administraría una «transición segura, apropiada y prudente del poder». El Secretario de Estado Marco Rubio se dirigió al país desde Washington explicando los lineamientos generales del plan que sería presentado formalmente al Congreso cuatro días después.
Las reacciones internacionales se dividieron en cuatro grupos. (1) Apoyo explícito: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Italia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Reino Unido, Uruguay. (2) Reconocimiento condicional pidiendo respeto al debido proceso: España, Francia, Alemania, Portugal, Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur. (3) Posición matizada o crítica del método pero no del resultado: Brasil, Colombia, México, Sudáfrica. (4) Condena explícita: Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Irán, Bielorrusia, Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió el 4 de enero. La sesión fue convocada por Rusia. La resolución crítica presentada por Rusia y China fue vetada por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La declaración presidencial alternativa pidió respeto al derecho internacional humanitario, fue adoptada y celebrada por la oposición venezolana como reconocimiento implícito del proceso de transición.
Situación interna en Caracas
El Tribunal Supremo de Justicia, en sesión extraordinaria del 5 de enero, designó a Delcy Rodríguez Gómez —vicepresidenta ejecutiva en el momento de la captura— como presidenta encargada bajo la figura constitucional de continuidad institucional. Rodríguez emitió comunicación pública pidiendo «calma y orden», sin declarar la operación nula ni convocar a la movilización. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantuvo postura defensiva sin acción ofensiva.
El grupo de oficiales en torno a Rodríguez —el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional— habían sostenido conversaciones con Estados Unidos previas al 3 de enero, según reportaría el Wall Street Journal y posteriormente confirmaría el Departamento de Estado. La Diosdado Cabello Group quedó inicialmente al margen del proceso de transición; la Asamblea Nacional electa en 2020 sesionó pero sin agenda contestataria.
La población mostró un rango de reacciones: celebraciones espontáneas en Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y otras ciudades; movilizaciones colectivos chavistas en zonas específicas de Petare y 23 de Enero con magnitud limitada; tensión pero ausencia de violencia generalizada. Los servicios públicos no fueron interrumpidos.
El día 5: cargos federales y juramentación simbólica
El 5 de enero de 2026, Maduro y Flores comparecieron ante el juez federal Daniel A. Engelmayer en el U.S. District Court for the Southern District of New York en Manhattan. Asistieron representados por defensores designados; se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros. Fueron remitidos al Metropolitan Detention Center sin libertad bajo fianza dada la naturaleza de los cargos.
Esa misma jornada, el Tribunal Supremo de Justicia formalizó la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Edmundo González Urrutia, desde Madrid, reiteró su disposición de retornar a Venezuela. María Corina Machado, en clandestinidad operacional desde agosto de 2024, comenzó la transición a comunicaciones públicas. La Plataforma Unitaria solicitó al sistema judicial venezolano la activación de protocolos de transición.
Implicaciones de mediano plazo
La operación inició la fase 1 del plan tripartito ESTABILIZACIÓN · RECUPERACIÓN · TRANSICIÓN presentado por Rubio el 7 de enero. La cuarentena petrolera con venta supervisada de 30 a 50 millones de barriles del inventario venezolano, anunciada como parte del plan, supersede el régimen previo de licencias generales. La administración Trump activó simultáneamente un puente aéreo humanitario que entregó más de 6.000 kg de medicinas el 11 de febrero.
El cuestionamiento jurídico internacional sobre la legalidad bajo el derecho internacional permanece abierto. Especialistas como el Council on Foreign Relations y la American Society of International Law publicaron análisis comparativos con casos como el secuestro de Adolf Eichmann en 1960, la captura de Manuel Antonio Noriega en 1989 y otros precedentes de extracción extraterritorial. La Corte Penal Internacional, que mantenía investigaciones abiertas sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2018, no se ha pronunciado sobre el método de captura pero ha acelerado las investigaciones de fondo.
Para los actores domésticos, la operación cierra un ciclo histórico de 27 años (1999-2026) de hegemonía bolivariana y abre el periodo de transición administrada. La Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero la Ley de Amnistía General. La CIDH inició auditoría externa del proceso de liberación de presos políticos el 8 de marzo, confirmando 621 liberaciones.