La subasta de Delaware 2025: Amber Energy/Elliott y el final de la CITGO venezolana

01De la doctrina al martillo: cómo se montó la subasta

El control que la oposición luchó por preservar siempre estuvo sitiado por los acreedores, no por Maduro. Con el fallo de álter ego firme (ver Parte 2), las cortes trataron a CITGO como un activo venezolano alcanzable. En Delaware, el caso Crystallex abrió la puerta a una subasta judicial de las acciones de PDV Holding para satisfacer los reclamos acumulados.

La corte designó a un Special Master, Robert B. Pincus, para estructurar y conducir la venta, y estableció una cola de prelación que ordenaba a los acreedores según la antigüedad de sus embargos. Crystallex y ConocoPhillips, por ejemplo, encabezaban la fila; otros quedaban detrás.

02El obstáculo OFAC: por qué la subasta tardó años

Aun con el embargo autorizado, no se puede vender un activo venezolano sancionado sin una licencia de la OFAC. Durante años, la protección regulatoria del Tesoro congeló de hecho la ejecución, lo que explica en parte por qué la subasta no maduró hasta 2023–2025.

La OFAC fue modulando su postura mediante licencias y prórrogas: protegió a CITGO mientras hubo una agenda de presión sobre Maduro, pero progresivamente permitió que el proceso judicial avanzara, dejando que el destino del activo lo decidiera la corte de Delaware.

03La puja final: USD 5.900M le ganan a USD 7.900M

La ronda decisiva enfrentó dos ofertas. Gold Reserve, a través de su vehículo Dalinar Energy, presentó una oferta de unos 7.900 millones de dólares. Amber Energy, respaldada por el fondo Elliott Investment Management, ofreció unos 5.900 millones. Pese a ser 2.000 millones menor, la oferta de Amber fue la recomendada por el Special Master y adoptada por la corte.

¿Por qué ganó la oferta más baja?

• Mayor certeza de cierre: la oferta de Amber/Elliott fue considerada más sólida y con menor riesgo de caerse en la fase de aprobaciones regulatorias.
• Tratamiento de los bonos 2020: la estructura de Amber reservaba alrededor de 2.100 millones de dólares para saldar a los tenedores de los Bonos PDVSA 2020, neutralizando uno de los litigios más peligrosos que pendían sobre el activo.
• Financiamiento y respaldo: el respaldo de Elliott, un fondo con amplia experiencia en activos en dificultades, daba credibilidad a la capacidad de pago y de ejecución.

Aunque la propuesta de Amber tenía un valor menor, fue preferida por su mayor certeza de cierre y porque apartaba ~USD 2.100 millones para los tenedores del bono PDVSA 2020 en default.

El 25 de noviembre de 2025 la corte adoptó la recomendación a favor de Elliott/Amber por encima de las objeciones de Gold Reserve, y hacia el 1 de diciembre emitió la orden de venta final. El cierre quedó suspendido a la espera de las aprobaciones de la OFAC.

04La batalla no terminó: apelación y suspensión

Gold Reserve recurrió la decisión ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, alegando que el proceso de venta fue procesal y sustantivamente defectuoso, y pidió una suspensión para preservar el statu quo mientras se resuelve el fondo de la apelación. La corte de Delaware ordenó que el cierre quedara suspendido hasta, como mínimo, siete días después de que el Special Master notifique que el comprador obtuvo todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

05La ironía que cierra la saga

El final es amargo y simétrico. El mismo reconocimiento de EE.UU. que en 2019 permitió a la oposición “obtener” CITGO es lo que la volvió legalmente embargable. El activo que la oposición pasó seis años protegiendo terminó subastado en Delaware para pagar las deudas de Venezuela — deudas nacidas, en su mayoría, de las expropiaciones de la era Chávez.

Para los venezolanos, la pérdida de CITGO es la pérdida del activo más valioso de la nación en el exterior: un patrimonio construido con renta petrolera, hipotecado en 2016, sitiado por laudos arbitrales y finalmente transferido a fondos extranjeros por orden de una corte estadounidense. La pregunta que queda abierta no es jurídica sino política: qué reciben — si es que reciben algo — los ciudadanos venezolanos del producto de esa venta.