Contexto inmediato
Trump regresó al poder cuatro años después de su primera administración. Su período entre 2017 y 2021 había articulado la doctrina de máxima presión sobre Venezuela: sanciones financieras al gobierno de Maduro, designación del Cártel de los Soles como objeto de interés del Departamento de Justicia, acusación federal contra Maduro en marzo de 2020 por narcoterrorismo, reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado y un régimen amplio de licencias OFAC que aislaba a PDVSA del sistema financiero internacional.
Durante el período Biden (2021–2025), la política sobre Venezuela había rotado hacia un esquema de incentivos negociados. La Licencia General 41 emitida el 26 de noviembre de 2022 permitió a Chevron operar en Venezuela bajo restricciones específicas, configurando el primer puente regulatorio significativo. Los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023 y la Licencia General 44 de octubre de 2023 articularon el marco de incentivos para un proceso electoral verificable. La GL 44 venció sin renovarse el 17 de abril de 2024 al verificarse incumplimientos, y el ciclo electoral del 28 de julio de 2024 cerró sin actas oficiales publicadas.
La administración Biden saliente reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo y mantuvo sanciones individuales pero sostuvo la GL 41 como vehículo de continuidad operativa de Chevron. El traspaso al equipo Trump entrante el 20 de enero de 2025 ocurrió con el caso Venezuela en estado de tensión máxima: juramentación oficial de Maduro diez días antes, reconocimiento internacional de González, episodios documentados de represión y un Cono Sur dividido entre democracias críticas y bolivarianos aliados.
La juramentación y el discurso inaugural
El 20 de enero de 2025 a las 12 del mediodía, hora del este, Donald J. Trump prestó juramento ante el Chief Justice John Roberts en el rotonda del Capitolio —el clima invernal forzó la mudanza del acto al interior, una excepción histórica. JD Vance asumió la vicepresidencia. El discurso inaugural, de aproximadamente 30 minutos, anunció prioridades en política migratoria, comercial, energética y de defensa. Sobre Venezuela no hubo mención explícita, pero las prioridades anunciadas en política energética y de seguridad hemisférica afectarían directamente al caso.
Esa misma jornada, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas. Las más relevantes para el hemisferio incluyeron declaraciones sobre la frontera sur, designaciones de carteles de droga como organizaciones terroristas extranjeras —que en julio de 2024 había recaído sobre el Cártel de los Soles bajo la administración Biden y que Trump consolidaría operativamente—, y una revisión integral de los regímenes de sanciones administrados por OFAC. La directiva ejecutiva sobre revisión de licencias generales puso a la GL 41 de Chevron en proceso de evaluación inmediata.
Marco Rubio, ya nominado y confirmado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en sesiones aceleradas de la transición, asumió ese mismo día la Secretaría de Estado. Su posición previa como senador por Florida lo había convertido en uno de los voces más coherentes del Partido Republicano sobre Venezuela durante una década. La continuidad doctrinaria entre el Senate y el State Department aceleró la articulación de la nueva política.
«Marco Rubio entró al Departamento de Estado con la doctrina sobre Venezuela ya elaborada en una década de trabajo legislativo previo. La curva de aprendizaje se redujo a cero.»
El equipo de política venezolana
La administración Trump configuró rápidamente el equipo operativo sobre Venezuela. Marco Rubio asumió la Secretaría de Estado con conocimiento institucional acumulado. El Bureau of Western Hemisphere Affairs activó posiciones específicas para América Latina con énfasis en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Los nombramientos de subsecretarios y enviados especiales para América Latina cubrieron perfiles vinculados a la línea dura de máxima presión. La Oficina del Representante Especial para Asuntos Venezolanos, creada en el primer mandato Trump, fue reactivada formalmente.
En paralelo, el Departamento del Tesoro reorganizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo dirección de personal con experiencia previa en sanciones a Venezuela e Irán. El Departamento de Justicia, con la nominación de Pam Bondi como Fiscal General, mantuvo la prioridad sobre el caso federal contra Maduro pendiente desde marzo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York. La Agencia Antidrogas (DEA) intensificó la coordinación con SOUTHCOM sobre operaciones contra rutas marítimas y aéreas vinculadas al Cártel de los Soles.
El Consejo de Seguridad Nacional designó equipo específico para coordinar la política venezolana entre el Departamento de Estado, Defensa, Tesoro, Justicia y agencias de inteligencia. El Comando Sur (SOUTHCOM), con sede en Doral, Florida, recibió directiva ejecutiva de planificar opciones de presión militar progresiva. Esa planificación se materializaría en agosto de 2025 con el inicio del despliegue naval significativo en el Caribe y en septiembre con las operaciones contra embarcaciones señaladas.
Ejes de la política de máxima presión
La política Trump sobre Venezuela en su segundo mandato articuló cinco ejes simultáneos. (1) Sanciones financieras y energéticas: revocación inmediata de licencias generales —GL 41 de Chevron quedó bajo revisión y fue revocada entre febrero y marzo de 2025—, endurecimiento del régimen de sanciones secundarias, presión sobre terceros países que recibían crudo venezolano, persecución de tanqueros con petróleo sancionado.
(2) Acción jurídica federal: prosecución activa de los cargos contra Maduro, Cilia Flores y oficiales del círculo presidencial pendientes desde 2020. Anuncio en agosto de 2025 por la Fiscal General Pam Bondi de una recompensa de USD 50 millones por la captura de Maduro bajo cargos federales del Southern District of New York. (3) Despliegue militar progresivo: planificación de SOUTHCOM, despliegue naval en el Caribe a partir de agosto de 2025, operaciones contra embarcaciones del Cártel de los Soles desde septiembre de 2025.
(4) Apoyo a la oposición venezolana legítima: reconocimiento mantenido de Edmundo González Urrutia como presidente electo, apoyo internacional a María Corina Machado, sostenimiento de canales con la Plataforma Unitaria. (5) Reconfiguración hemisférica: alianza con gobiernos de Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, El Salvador, presión sobre Brasil, Colombia y México para alinear posiciones, coordinación con la Unión Europea y el Reino Unido sobre sanciones secundarias.
- ›Revisión inmediata de licencias generales OFAC
- ›Reactivación de cargos federales contra Maduro
- ›Recompensa de USD 50 millones (anuncio: agosto 2025)
- ›Despliegue naval significativo del Comando Sur en el Caribe
- ›Reconocimiento sostenido de Edmundo González
Reacción regional e internacional
Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador, República Dominicana e Italia ofrecieron coordinación inmediata. Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Países Bálticos y la mayoría de gobiernos democráticos europeos apoyaron la línea de máxima presión. Brasil, Colombia y México mantuvieron una posición intermedia: ni alineamiento explícito con Washington ni respaldo a Caracas. Lula da Silva y Gustavo Petro declararon preferencia por una salida negociada; la administración Sheinbaum en México privilegió la diplomacia silenciosa.
Caracas respondió con declaraciones desafiantes. Maduro calificó las medidas de «agresión imperial» y anunció refuerzo de capacidades defensivas. Diosdado Cabello, presidente del PSUV, planteó escenarios de movilización defensiva. Vladimir Padrino López ratificó disposición militar. El gobierno venezolano profundizó relaciones con Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua, buscando red de aliados de respaldo. El gobierno cubano y el nicaragüense respondieron con declaraciones equivalentes.
La Unión Europea, mediante la Alta Representante para Asuntos Exteriores, reiteró desconocimiento de Maduro y compromiso con un proceso democrático. La Organización de Estados Americanos sostuvo la posición previa. El Parlamento Europeo aprobó resoluciones sucesivas pidiendo presión coordinada. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La Corte Penal Internacional aceleró las investigaciones de fondo iniciadas en 2018.
Reacción interna venezolana
Dentro de Venezuela, la oposición política recibió la nueva administración como ventana operativa para sostener la línea internacional. La Plataforma Unitaria reforzó canales con el Departamento de Estado y la nueva configuración del Senado. María Corina Machado, desde la clandestinidad operativa, intensificó coordinación remota con interlocutores internacionales y con Edmundo González en Madrid. La sociedad civil organizada —Foro Penal, Provea, COFAVIC, Espacio Público— articuló presencia en Washington para sustanciar evidencia documental.
El sector privado venezolano, agrupado en Fedecámaras y Conindustria, evitó pronunciamiento público mayor pero activó canales discretos para mitigar impactos económicos de las nuevas sanciones. Empresas con licencias específicas iniciaron procesos de cumplimiento más estricto ante la expectativa de aplicación más rigurosa por OFAC. La Iglesia católica, mediante la Conferencia Episcopal Venezolana, reiteró el llamado a una transición pacífica.
La cúpula militar venezolana mantuvo postura pública de lealtad pero, según reportarían posteriormente The Wall Street Journal y Reuters, algunos altos oficiales sostuvieron canales discretos con interlocutores estadounidenses durante 2025. Estos canales se materializarían operativamente en la coordinación de la Operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026. La doctrina de presión progresiva con espacios de salida negociada articulada por la administración Trump dejó margen para esos contactos.
Significado e implicaciones
El retorno de Donald Trump al poder el 20 de enero de 2025 cerró el período de incentivos negociados de la administración Biden y abrió un ciclo de presión progresiva que culminaría en la Operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026. La continuidad doctrinaria entre el primer mandato Trump (2017–2021) y el segundo aceleró la curva de implementación; el conocimiento institucional acumulado en Marco Rubio, OFAC y el Departamento de Justicia eliminó cuellos de botella habituales en transiciones presidenciales.
Para Venezuela Primero, el 20 de enero es uno de los marcadores cronológicos centrales del ciclo 2024–2026. La secuencia que se inicia ese día —revocación de Chevron en febrero-marzo, detención de Guanipa en mayo, despliegue naval en agosto, recompensa de Pam Bondi, operaciones SOUTHCOM en septiembre, reunión MCM-Trump en noviembre, incautaciones y operaciones de la CIA en diciembre, anuncio del 2 de enero, captura del 3 de enero— se lee retrospectivamente como una secuencia coherente de presión progresiva.
El plan tripartito de Estabilización, Recuperación y Transición presentado por el Secretario de Estado Marco Rubio el 7 de enero de 2026, junto con la cuarentena petrolera con venta supervisada y el puente aéreo humanitario del 11 de febrero, materializó la doctrina articulada el 20 de enero de 2025. La administración Trump produjo en doce meses lo que el primer mandato no había logrado en cuatro años: cierre del ciclo bolivariano y apertura de un período de transición administrada bajo arquitectura jurídica internacional.