Antecedentes constitucionales
El artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece un período presidencial de seis años con posibilidad de reelección, y el artículo 231 fija el 10 de enero como fecha de juramentación ante la Asamblea Nacional. La juramentación ante el órgano legislativo es la formalidad jurídicamente vinculante que activa el inicio del nuevo período. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha desarrollado precedentes sobre la posibilidad de juramentación supletoria ante la propia Sala cuando exista impedimento.
El proceso electoral del 28 de julio de 2024 cerró sin que el Consejo Nacional Electoral publicase las actas desagregadas mesa por mesa, requisito establecido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La Plataforma Unitaria, mediante el portal resultadosconvzla.com, había publicado para principios de agosto más del 80% de las actas con verificación cruzada por el Centro Carter, el Massachusetts Institute of Technology y la Election Integrity Initiative, mostrando una victoria amplia de Edmundo González Urrutia.
El Tribunal Supremo de Justicia certificó el resultado oficial el 22 de agosto de 2024 sin acceder a los datos primarios. Para la fecha de la juramentación, el universo de actas publicadas por la oposición permanecía sin desmentido institucional con evidencia equivalente. El régimen jurídico interno optó por declarar válido el resultado proclamado y por activar protocolos de transición presidencial bajo esa premisa.
La ceremonia oficial
Hacia el mediodía del 10 de enero, Nicolás Maduro ingresó al Palacio Federal Legislativo escoltado por la cúpula militar. Vestido con la banda presidencial, juró ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre una Constitución de 1999. La ceremonia fue retransmitida por la televisión estatal VTV en cadena obligatoria. La asistencia internacional fue escasa: una delegación cubana encabezada por Miguel Díaz-Canel, una delegación nicaragüense de Daniel Ortega, representantes de Rusia, Irán y Bielorrusia, y la presencia notoriamente ausente de jefes de Estado de la región.
El discurso, de aproximadamente 90 minutos, reiteró la legitimidad del resultado, calificó a la oposición de «conspiradora» y anunció medidas económicas sin detalle técnico verificable. El gobierno desplegó dispositivos de seguridad significativos en el centro de Caracas, con cierres de calles y restricciones a la circulación. La represión preventiva del 9 de enero —incluyendo el episodio de retención breve de María Corina Machado en Chacao— había buscado disuadir movilizaciones para la jornada.
Tras el acto, Maduro firmó un decreto designando a Delcy Rodríguez Gómez como vicepresidenta ejecutiva, ratificando a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa y reorganizando carteras. Cilia Flores acompañó la ceremonia. La juramentación marcó el inicio formal del período 2025–2031, que se interrumpiría doce meses después con la Operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026.
«La ceremonia oficial activó el reloj constitucional formal. La doble realidad —proclamación interna sin actas, reconocimiento internacional a González— atravesaría todo 2025.»
La juramentación simbólica desde Madrid
Esa misma jornada, Edmundo González Urrutia realizó en Madrid un acto público en el que pronunció la fórmula de juramentación constitucional. Acompañado por dirigentes de la Plataforma Unitaria, ex-presidentes latinoamericanos —entre ellos Mariano Rajoy, Vicente Fox, Andrés Pastrana e Iván Duque— y representantes de gobiernos europeos, el diplomático de carrera leyó la fórmula del artículo 231 y declaró asumir el rol como presidente electo de la República.
La juramentación simbólica no produjo efectos jurídicos internos en Venezuela, pero cumplió tres funciones documentales: primero, fijar en el registro internacional la posición de la oposición de no reconocer la juramentación oficial en Caracas; segundo, ofrecer a los gobiernos extranjeros que ya habían declarado reconocer a González un acto institucional al cual referirse; tercero, activar la posibilidad de protocolos de cooperación bilateral con figura de presidente electo como interlocutor formal.
El acto fue retransmitido por medios internacionales y replicado en concentraciones simultáneas en cuarenta ciudades dentro y fuera de Venezuela. La Plataforma Unitaria, María Corina Machado desde Caracas y Edmundo González desde Madrid coordinaron una secuencia comunicacional que reforzó la doctrina de doble realidad: una proclamación oficial sin sustento documental verificable y una presidencia electa documentada con actas pero sin acceso al territorio.
- ›Madrid: juramentación simbólica de Edmundo González Urrutia
- ›Acto retransmitido por medios internacionales
- ›Concentraciones simultáneas en 40 ciudades
- ›Apoyo explícito de ex-presidentes regionales y gobiernos europeos
Reacciones internacionales
La administración Biden, en sus últimos diez días en funciones, reiteró el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y desconoció la juramentación de Maduro. El Departamento de Estado emitió comunicado el 10 de enero por la mañana en el que el secretario Antony Blinken expresó condena al proceso y solidaridad con el pueblo venezolano. La administración entrante de Donald Trump, que asumiría diez días después, recibió el caso como prioridad inmediata.
La Unión Europea, mediante el Alto Representante para Asuntos Exteriores, declaró que «no reconoce la legitimidad democrática» de la nueva juramentación. El Parlamento Europeo aprobó resolución específica. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Italia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Reino Unido y Uruguay emitieron declaraciones individuales o coordinadas. Ecuador, Perú y Paraguay anunciaron retiros parciales o totales de personal diplomático. Argentina ofreció asilo y apoyo logístico a líderes de la oposición.
Brasil, Colombia y México mantuvieron una posición de «no reconocimiento explícito de la legitimidad» pero sin retiro diplomático ni declaratoria formal de presidente electo. Esta posición intermedia reflejó la doctrina pragmática de los gobiernos de Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, dispuestos a presionar por publicación de actas pero reacios a romper canales diplomáticos. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Rusia, China e Irán reconocieron la juramentación.
Doctrina jurídica internacional
El reconocimiento o desconocimiento de gobiernos en el derecho internacional reposa en la doctrina del Estado y en la praxis de cada cancillería. La doctrina Estrada (México, 1930) sostuvo históricamente que los Estados no deben evaluar la legitimidad interna de gobiernos extranjeros. La doctrina Tobar (Ecuador, 1907) y la doctrina Betancourt (Venezuela, 1958), en cambio, reconocían sólo a gobiernos surgidos de elecciones democráticas verificables. La praxis posterior a la Carta Democrática Interamericana de 2001 favorece la verificación democrática como condición.
En el caso venezolano del 10 de enero de 2025, la mayoría de gobiernos latinoamericanos democráticos aplicaron una variante de doctrina Tobar/Betancourt: ante actas verificables que mostraban resultado opuesto a la proclamación oficial, optaron por desconocer la legitimidad del nuevo período. La administración Biden saliente y la administración Trump entrante coincidieron en la línea de no reconocimiento. La Unión Europea adoptó la misma posición. El reconocimiento de Edmundo González como presidente electo se sostuvo por los pronunciamientos de noviembre de 2024.
La situación creó una dualidad jurídica internacional que el Council on Foreign Relations, la American Society of International Law y el Inter-American Dialogue analizaron en publicaciones específicas. La validez de actos formales firmados por Maduro a partir del 10 de enero —decretos, contratos, designaciones— quedó cuestionada por la mayoría de aliados democráticos pero respetada en términos prácticos para evitar costos transaccionales mayores.
Reacción interna
Dentro de Venezuela la población respondió a la jornada con baja movilización en calles, atribuible al despliegue de seguridad y a la represión preventiva del día anterior. La Plataforma Unitaria sostuvo la línea de exigir publicación íntegra de las actas y de mantener la presencia internacional. María Corina Machado emitió mensaje grabado desde la clandestinidad operativa exigiendo desconocimiento del nuevo período. Desde Madrid, Edmundo González reiteró su disposición de retornar a Venezuela cuando las condiciones lo permitiesen.
El sector empresarial, agrupado en Fedecámaras y Conindustria, evitó pronunciamiento explícito sobre legitimidad y se concentró en sostener la operación económica. La Iglesia católica, mediante la Conferencia Episcopal Venezolana, emitió comunicado pidiendo «un proceso de transición pacífica» y reiterando el deber moral de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Universidades autónomas, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil emitieron pronunciamientos individuales en línea similar.
La cúpula militar venezolana ratificó lealtad al proceso oficial mediante actos públicos del comandante estratégico operacional y del ministro de Defensa. Esta ratificación, sin embargo, contrastaba con conversaciones reservadas que algunos altos oficiales sostendrían a lo largo de 2025 con interlocutores estadounidenses, según reportarían posteriormente The Wall Street Journal y Reuters. El silencio de algunos sectores castrenses se interpretaría meses después como espacio de maniobra para la operación del 3 de enero de 2026.
Significado e implicaciones
La doble juramentación del 10 de enero —oficial en Caracas, simbólica en Madrid— inauguró el período más documentado de divergencia entre poder fáctico interno y reconocimiento internacional en la historia republicana de Venezuela. La existencia de un presidente electo reconocido por gran parte de la comunidad democrática y residente fuera del territorio, junto con un gobernante en funciones interno sin reconocimiento mayoritario, configuró una arquitectura institucional dual que se sostuvo durante todo 2025.
Para la administración Trump entrante, la juramentación sin reconocimiento internacional aceleró las decisiones de política venezolana. La revocación de la Licencia General 41 de Chevron en febrero-marzo, la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, la recompensa de USD 50 millones por Maduro anunciada en agosto y el progresivo despliegue del Comando Sur se inscriben en una secuencia que parte de la premisa establecida el 10 de enero.
Doce meses después, el 3 de enero de 2026, la Operación Absolute Resolve clausuró el período 2025–2031 antes de su segundo aniversario. La doctrina de doble realidad —presidente electo en exilio, presidencia oficial sin reconocimiento— quedó como precedente jurídico-político para futuros casos análogos en la región. Los actos firmados por Maduro entre el 10 de enero de 2025 y el 3 de enero de 2026 son objeto de revisión por las autoridades de la transición administrada bajo el plan tripartito Rubio.