Antecedentes operativos
La doctrina de máxima presión sobre Venezuela del segundo mandato Trump, articulada desde el 20 de enero de 2025, se ejecutó durante el primer semestre del año mediante medidas regulatorias y diplomáticas: revocación de la Licencia General 41 de Chevron en febrero–marzo, presión sobre licencias específicas de Repsol y Eni, intensificación del régimen de sanciones secundarias, presión bilateral coordinada con Reino Unido, Italia, España y otros aliados europeos, articulación con Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú en el hemisferio. La pieza militar de la doctrina, en cambio, se preparó técnicamente durante esos meses sin manifestación pública significativa.
La detención de Juan Pablo Guanipa el 23 de mayo de 2025 cerró el ciclo de represión documentada del primer semestre y elevó el costo internacional del régimen. La cúpula militar venezolana, según reportarían posteriormente The Wall Street Journal y Reuters, sostuvo durante el segundo trimestre de 2025 conversaciones discretas con interlocutores estadounidenses por canales múltiples. Esos canales, sin compromiso operativo público, abrieron espacio de margen para la planificación de la presión militar progresiva del segundo semestre.
El Comando Sur, con sede en Doral, Florida, coordinaba con la Marina, la Guardia Costera, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia los planes operativos. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por OFAC en julio de 2024, consolidada operativamente bajo Trump, había habilitado la base jurídica para operaciones contra embarcaciones señaladas. La Foreign Narcotics Kingpin Designation Act y la Authorization for Use of Military Force (AUMF) post-2001, aplicables a designaciones terroristas, configuraron el marco legal estadounidense.
El despliegue naval
Durante agosto de 2025 el Comando Sur posicionó progresivamente activos navales y aéreos en el Caribe. El portaaviones USS Gerald R. Ford, con su grupo de batalla incluyendo destructores AEGIS, cruceros y submarinos de ataque, se trasladó desde el Atlántico hacia aguas próximas. La Fuerza de Tarea 41, que integra capacidad anfibia con buques de asalto, también se desplegó. Plataformas aéreas —aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, drones MQ-9 Reaper, aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye— operaron desde bases en Florida, Puerto Rico, Curazao y Aruba.
El despliegue tenía dimensión múltiple. Operativamente, posicionó capacidad de respuesta militar inmediata sobre el espacio marítimo y aéreo próximo a Venezuela. Disuasivamente, comunicó al gobierno venezolano y a sus aliados (Rusia, China, Irán, Cuba) que Estados Unidos mantenía opciones más allá del régimen de sanciones. Diplomáticamente, fortaleció la posición de Washington en negociaciones bilaterales discretas con la cúpula militar venezolana. Operacionalmente vinculado al narcotráfico, habilitó las operaciones SOUTHCOM contra embarcaciones que se materializarían desde septiembre.
La cobertura mediática del despliegue fue significativa pero contenida en términos oficiales. El Departamento de Defensa describió las maniobras como ejercicios de rutina y operaciones contra el narcotráfico. Reuters, The Wall Street Journal, Bloomberg y otros medios especializados reportaron la magnitud progresiva del despliegue mediante fuentes anónimas y observación de movimientos navales en sistemas de tráfico marítimo. La presencia naval estadounidense en aguas próximas a La Orchila, Margarita y la franja costera oriental venezolana se incrementó progresivamente.
«El despliegue naval del Caribe en agosto de 2025 cambió la conversación. De régimen de sanciones a régimen de presión militar progresiva.»
El anuncio de la recompensa por Maduro
El 7 de agosto de 2025, la Fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi anunció en conferencia de prensa una recompensa de USD 50 millones por información que condujese a la captura de Nicolás Maduro Moros bajo los cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos pendientes desde la acusación del 26 de marzo de 2020. La recompensa duplicaba el monto de USD 25 millones previamente ofrecido durante el primer mandato Trump y constituía la mayor recompensa jamás anunciada por la captura de un jefe de Estado en funciones bajo el programa Narcotics Rewards Program.
El anuncio articuló elementos jurídicos y comunicacionales precisos. Bondi presentó pruebas documentales sobre las acusaciones —cargos de la fiscalía del Southern District of New York, evidencia recolectada por la DEA, declaraciones de testigos protegidos— y enmarcó la recompensa en la continuidad de la acción penal federal, no en una decisión política unilateral. La Fiscal General reiteró que cualquier información sustantiva sería procesada bajo procedimientos estándar del Departamento de Justicia y que el anuncio aplicaba también a Cilia Flores y a otros oficiales del círculo presidencial venezolano.
La cobertura internacional fue masiva. Reuters, Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, BBC, El País, Le Monde y otros medios principales destacaron la magnitud y el simbolismo. La recompensa por Maduro se comparó con cifras similares ofrecidas por figuras del narcotráfico (Pablo Escobar, hermanos Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera) y con casos de líderes acusados penalmente (Manuel Antonio Noriega, Saddam Hussein). El paralelismo con el caso Noriega de 1989 —captura tras invasión militar y presentación ante tribunales federales en Florida— se hizo explícito en análisis especializados.
Marco jurídico federal
Los cargos federales contra Maduro pendientes desde 2020 se sostienen bajo varias leyes: la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, el Controlled Substances Act, el Patriot Act, y disposiciones sobre conspiración para importar narcóticos contenidas en el U.S. Code Title 21. La fiscalía del Southern District of New York, con jurisdicción sobre crímenes con efectos en territorio estadounidense, mantenía la causa con secrecía operativa pero con cargos públicamente conocidos desde marzo de 2020. La acusación incluyó narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usarlas en relación con tráfico de drogas.
El programa Narcotics Rewards Program, administrado por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado en coordinación con la DEA, ofrece recompensas por información sobre líderes del narcotráfico y tráfico transnacional. La autoridad de la Fiscal General para anunciar la recompensa específica sobre Maduro reposa en la combinación de las facultades del Attorney General y del Secretary of State, con coordinación interagencial estándar. La recompensa de USD 50 millones se autorizó como excepción al rango usual del programa por la magnitud del caso.
El precedente jurídico de United States v. Alvarez-Machain (1992), donde la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que la presencia forzosa de un acusado ante un tribunal estadounidense no priva a éste de jurisdicción independientemente del método de captura, sustentaba el marco. Casos análogos —Manuel Noriega tras Operation Just Cause en 1989, Adolf Eichmann en jurisdicción israelí en 1960— ofrecían precedentes históricos. La American Society of International Law había publicado análisis comparativos durante 2024 y 2025 sobre estas figuras.
Reacciones
El gobierno venezolano respondió con declaraciones de máxima dureza. Maduro, en cadena nacional el 8 de agosto, calificó el despliegue y la recompensa como «agresión imperial» y «amenaza al orden internacional». Diosdado Cabello convocó a movilización popular. Vladimir Padrino López ordenó ejercicios militares defensivos y reposicionamiento de unidades costeras. Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia emitieron declaraciones de respaldo. China expresó posición más matizada, sin condena explícita pero con llamado al diálogo. La Organización de Estados Americanos no se pronunció en bloque por divisiones internas; el Consejo de Seguridad de la ONU recibió comunicación rusa sin que prosperase resolución.
Los gobiernos democráticos del hemisferio respondieron con grados diversos. Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Panamá expresaron respaldo o entendimiento sobre la legitimidad de la presión jurídica. Reino Unido, Países Bajos, Italia, España, Polonia, Países Bálticos y la mayoría europea coordinaron con Washington. Brasil, Colombia y México mantuvieron posición pragmática: ni respaldo explícito al despliegue ni condena, con énfasis en preferencia por una salida negociada. Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum reiteraron disposición de mediación.
La oposición venezolana respaldó la línea de presión. María Corina Machado, desde la clandestinidad operativa, emitió mensaje grabado calificando el despliegue como apoyo a la lucha democrática. Edmundo González Urrutia desde Madrid sostuvo posición equivalente. La Plataforma Unitaria coordinó comunicación con Washington. Fedecámaras y Conindustria evitaron pronunciamiento público. La Conferencia Episcopal Venezolana reiteró llamado a una transición pacífica y condena de cualquier violencia.
- ›Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia: condena explícita
- ›China: posición matizada, llamado al diálogo
- ›Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú: respaldo a la presión
- ›Brasil, Colombia, México: pragmatismo y oferta de mediación
- ›Oposición venezolana: respaldo abierto
Significado e implicaciones
El refuerzo militar en el Caribe de agosto de 2025 marcó la transición operativa de la doctrina de máxima presión: del régimen de sanciones financieras y diplomáticas se pasó al régimen de presión militar progresiva con respaldo jurídico federal. La combinación de despliegue naval, recompensa anunciada por la Fiscal General y los siguientes pasos operativos —operaciones SOUTHCOM contra embarcaciones desde septiembre, incautaciones de tanqueros desde noviembre, operaciones CIA y planificación de la captura— configuró una secuencia coherente que culminaría el 3 de enero de 2026.
Para Venezuela Primero, el mes de agosto de 2025 es uno de los marcadores cronológicos centrales del ciclo. La recompensa de USD 50 millones, en particular, articuló pública y simbólicamente la decisión federal estadounidense de actuar sobre el caso Maduro como caso penal y no únicamente político. Esa articulación reposicionó a Maduro en la categoría jurídica de fugitivo federal con orden de captura sustantivo, no de gobernante con disputa de legitimidad. El cambio categórico habilitó la posibilidad de operaciones militares con cobertura penal.
El despliegue del USS Gerald R. Ford y de la Fuerza de Tarea 41 dotó al Comando Sur de capacidad operativa para una operación multidominio en plazos cortos. La Operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026 ejecutó esa capacidad con éxito y cero bajas estadounidenses. Visto retrospectivamente, agosto fue el mes en que la decisión de la operación quedó habilitada técnica y políticamente. Las operaciones SOUTHCOM de septiembre, las incautaciones de noviembre y diciembre, las operaciones encubiertas de la CIA y el anuncio del 2 de enero por Trump son piezas progresivas del mismo plan.