Antecedentes operativos
El despliegue naval estadounidense en el Caribe iniciado en agosto de 2025 había posicionado capacidad significativa: el portaaviones USS Gerald R. Ford con su grupo de batalla, la Fuerza de Tarea 41 con componentes anfibios, plataformas aéreas operando desde Florida, Puerto Rico, Curazao y Aruba. La pieza disuasiva del despliegue se complementaba ahora con una pieza activa: las operaciones interdictivas contra embarcaciones señaladas. La cobertura jurídica reposaba en la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista por OFAC, en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act y en la Authorization for Use of Military Force (AUMF) post-2001 aplicable a designaciones terroristas.
El llamado Cártel de los Soles —denominación que hace referencia a las insignias de los oficiales militares venezolanos— es la categoría usada por las autoridades estadounidenses para describir una red de oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presuntamente involucrados en el tráfico transnacional de cocaína desde la frontera colombiana hacia el Caribe y el norte de África. La acusación federal del 26 de marzo de 2020 contra Maduro, Cilia Flores y otros incluyó cargos sobre integración en esa red. La Drug Enforcement Administration mantenía investigaciones acumuladas durante una década.
La incautación de tanqueros con petróleo sancionado por OFAC se preparaba simultáneamente para los meses siguientes; la conexión entre tráfico de crudo evasor de sanciones y tráfico de drogas configura, según análisis publicados por el Departamento del Tesoro y por el Congressional Research Service, una arquitectura financiera unificada vinculada al régimen venezolano. La doctrina operativa del Comando Sur articula ambas líneas como parte del mismo paquete de presión.
Las operaciones de septiembre
Las primeras operaciones públicamente confirmadas ocurrieron a comienzos de septiembre de 2025. Buques de la Marina y la Guardia Costera, apoyados por aviones P-8 Poseidon y drones MQ-9 Reaper, identificaron y abordaron embarcaciones rápidas (go-fast boats) y semisumergibles que partían desde costas venezolanas hacia Centroamérica y el Caribe. Cada operación siguió protocolo estandarizado: identificación, intimación al detenimiento, abordaje, decomiso de cargamento y detención de tripulantes para procesos judiciales en jurisdicción federal estadounidense.
El Departamento de Defensa, en comunicados oficiales, describió las operaciones como parte de la Operación Martillo y de operaciones complementarias de interdicción al narcotráfico. Volúmenes precisos de cocaína decomisada fueron parcialmente publicados por el Comando Sur durante el último trimestre de 2025; cifras agregadas de cargamentos interdictados, embarcaciones destruidas y tripulantes detenidos fueron significativos. Reuters, Bloomberg y The Wall Street Journal reportaron, mediante fuentes anónimas y observación de tráfico marítimo, una intensificación operativa sin precedentes en la región.
La caracterización jurídica de las operaciones no se limitó a interdicción contra el narcotráfico. Bajo la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, las operaciones se ejecutaron también bajo el marco de antiterrorismo, ampliando facultades operativas de las fuerzas estadounidenses incluyendo el uso de fuerza letal en circunstancias específicas. El cambio doctrinario fue señalado por la American Society of International Law y por CFR como evolución significativa de la doctrina operativa estadounidense en el hemisferio.
«Bajo designación terrorista, las operaciones SOUTHCOM operan en un marco distinto al de interdicción al narcotráfico tradicional. La frontera operativa cambia.»
Marco jurídico
Las operaciones interdictivas contra embarcaciones en aguas internacionales reposan en varios cuerpos normativos. La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), ratificada por Estados Unidos y Venezuela, autoriza interdicción con consentimiento del Estado de pabellón o, en casos específicos, sin consentimiento previo cuando exista presunción de tráfico ilícito. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) regula derechos de paso, soberanía marítima y excepciones por delitos internacionales.
La legislación interna estadounidense aplicable incluye el Maritime Drug Law Enforcement Act (MDLEA), que extiende la jurisdicción federal sobre tráfico de drogas en aguas internacionales cuando la embarcación carece de pabellón verificable o cuando el Estado de pabellón consiente la jurisdicción. La aplicación a tripulantes capturados es controvertida cuando no hay vínculo directo con territorio estadounidense, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido la validez del marco en casos previos. El Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito ha desarrollado precedentes específicos.
La designación del Cártel de los Soles bajo Foreign Terrorist Organization (FTO), articulada en julio de 2024 por OFAC, activa adicionalmente el marco antiterrorista. Bajo la AUMF post-2001 y bajo Title 18 U.S. Code §2339B (material support to terrorist organizations), las facultades operativas de las fuerzas estadounidenses se amplían. Cualquier persona que provea apoyo material a una FTO designada, dentro o fuera del territorio estadounidense, queda sujeta a jurisdicción federal. Esta arquitectura jurídica habilita las operaciones SOUTHCOM en su marco más expansivo.
Reacciones del gobierno venezolano
El gobierno venezolano respondió con denuncias a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, calificando las operaciones de «agresión» y «violación de la soberanía marítima venezolana». Maduro, en alocución del 5 de septiembre, anunció ejercicios militares defensivos en zonas costeras, reposicionamiento de unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y alerta operacional. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ratificó disposición de respuesta. Diosdado Cabello promovió movilizaciones populares de respaldo. Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia emitieron comunicados de solidaridad.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recibió comunicación rusa solicitando sesión específica. La sesión, convocada para mediados de septiembre, no produjo resolución por el veto anticipado de Estados Unidos, Reino Unido y Francia a cualquier proyecto que limitase las operaciones. La declaración de la presidencia, sin efecto vinculante, expresó preocupación general sin condena explícita a actor específico. La Asamblea General no se ocupó del caso por la prioridad de otros asuntos en su agenda y por la división del bloque latinoamericano.
La cúpula militar venezolana, según reportarían posteriormente The Wall Street Journal y Reuters, mantenía durante este período conversaciones discretas con interlocutores estadounidenses por canales múltiples. Padrino López y otros oficiales evaluaban escenarios de transición. La intensificación de las operaciones SOUTHCOM, combinada con la presión política sobre el régimen y con la probabilidad creciente de operaciones más significativas, configuró el espacio de cálculo estratégico que se materializaría el 3 de enero de 2026.
Reacciones internacionales
Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Polonia y Estados Bálticos respaldaron explícita o implícitamente la legitimidad de las operaciones contra el narcotráfico bajo designación terrorista. La Unión Europea, mediante la Alta Representante para Asuntos Exteriores, expresó respaldo al objetivo y solicitud de cumplimiento de derecho internacional. España e Italia coordinaron canales con Washington. Reino Unido, fuera de la UE, mantuvo coordinación bilateral activa.
Brasil, Colombia, México y Sudáfrica expresaron «preocupación» con tono crítico del método pero sin respaldo al régimen venezolano. Lula da Silva pidió diálogo. Gustavo Petro, en posición compleja por la dinámica colombiana propia, evitó pronunciamiento incisivo. Claudia Sheinbaum mantuvo diplomacia silenciosa. China expresó posición matizada. Rusia, Cuba, Nicaragua e Irán condenaron explícitamente. Ningún país democrático del hemisferio se sumó a las condenas, configurando aislamiento diplomático del régimen venezolano frente al despliegue.
La oposición venezolana respaldó la línea de presión. María Corina Machado emitió mensajes desde la clandestinidad operativa interpretando las operaciones como apoyo a la lucha democrática. Edmundo González Urrutia desde Madrid sostuvo posición equivalente. La Plataforma Unitaria coordinó comunicación con Washington. La diáspora venezolana en Estados Unidos, articulada en organizaciones civiles y empresariales, sostuvo respaldo activo. La sociedad civil organizada pidió canales humanitarios paralelos.
- ›Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú: respaldo explícito
- ›Reino Unido, Países Bajos, Italia, España: coordinación operativa
- ›Brasil, Colombia, México: preocupación matizada, sin respaldo al régimen
- ›Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia: condena directa
- ›Oposición venezolana: respaldo coordinado
Significado e implicaciones
Las operaciones SOUTHCOM iniciadas en septiembre de 2025 fueron la pieza activa de la doctrina de presión militar progresiva que articula el segundo semestre del año. Junto con el despliegue naval de agosto, la recompensa por Maduro anunciada por la Fiscal General Bondi, las operaciones encubiertas de la CIA reportadas durante el último trimestre, la incautación de tanqueros desde noviembre, el anuncio del 2 de enero por Trump y la captura del 3 de enero, configuran una secuencia coherente cuya lógica operativa se entiende plenamente desde la perspectiva retrospectiva de la Operación Absolute Resolve.
Para la doctrina internacional, el caso de las operaciones SOUTHCOM bajo designación terrorista de un cartel vinculado a oficiales gubernamentales constituye precedente significativo. El Council on Foreign Relations, la American Society of International Law y CSIS publicaron análisis durante 2025 y 2026 sobre las implicaciones de la doctrina para futuros casos análogos: situaciones en que un Estado o estructura paraestatal queda categorizada como organización terrorista habilita operaciones militares con cobertura penal antes reservadas a actores no estatales clásicos. La frontera doctrinaria entre Estado y actor no estatal queda parcialmente desdibujada.
Para Venezuela Primero, el mes de septiembre de 2025 es marcador cronológico operativo central. Las operaciones SOUTHCOM iniciaron una dinámica de fuerza que no se detuvo hasta la captura del 3 de enero. La cuarentena petrolera con venta supervisada anunciada por el Secretario Marco Rubio el 7 de enero de 2026, junto con el plan tripartito de Estabilización, Recuperación y Transición, articula una continuidad lógica con las operaciones SOUTHCOM: presión activa primero, transición administrada después. El régimen jurídico de la transición posterior reposa en las acciones operativas previas.