Antecedentes operativos
El cierre del año 2025 articulaba la fase final de la doctrina de máxima presión 2.0 de la administración Trump. La revocación de la Licencia General 41 de Chevron entre febrero y marzo había aislado financieramente a PDVSA del sistema estadounidense. El despliegue naval del Comando Sur en el Caribe iniciado en agosto y las operaciones SOUTHCOM contra embarcaciones del Cártel de los Soles iniciadas en septiembre habían posicionado capacidad operativa significativa. La recompensa de USD 50 millones por Maduro anunciada por la Fiscal General Pam Bondi el 7 de agosto había articulado la pieza penal federal. El encuentro de noviembre entre María Corina Machado y Donald Trump había articulado la pieza política.
Para diciembre, las piezas estaban alineadas. Las conversaciones secretas con interlocutores del círculo de Maduro avanzaban por canales múltiples. La cúpula militar venezolana mantenía contactos discretos con interlocutores estadounidenses, según reportarían posteriormente The Wall Street Journal y Reuters. La división interna del régimen, ya documentada por analistas en CFR, Wilson Center y Atlantic Council, configuraba el espacio de cálculo estratégico para una transición ordenada. La pregunta operativa pendiente era cómo y cuándo se materializaría la transición.
El régimen venezolano, en cambio, profundizó durante el último trimestre el alineamiento con Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua. Los acuerdos energéticos con Irán para suministro de condensados y servicios técnicos a refinerías venezolanas se intensificaron. Las exportaciones triangulares de crudo hacia China e India, principal salida de los volúmenes que antes salían bajo la GL 41 de Chevron, sostenían parte del flujo de divisas. La incautación de tanqueros en diciembre apuntó precisamente a este canal evasor.
La incautación de tanqueros
Durante diciembre, la Marina de los Estados Unidos y la Guardia Costera ejecutaron incautaciones de tanqueros que transportaban petróleo venezolano. El procedimiento jurídico utilizado fue el régimen de civil forfeiture: las autoridades estadounidenses argumentaron que las cargas constituían producto de violaciones a las sanciones administradas por OFAC y, por lo tanto, sujeto a confiscación. Los buques fueron escoltados a puertos estadounidenses o a puertos aliados (Houston, Galveston, Charleston, Curazao) para inspección y procedimiento legal.
El marco jurídico se sostuvo en varios cuerpos normativos. La International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) y las executive orders sobre Venezuela autorizan a OFAC a bloquear activos vinculados a violaciones de sanciones. Bajo el Code of Federal Regulations Title 31, las cargas de crudo sin licencia válida transportadas por embarcaciones identificables son sujeto de confiscación. El Departamento de Justicia, mediante la Asset Forfeiture and Money Laundering Section, articuló los procedimientos. Operadores de buques afectados —empresas con sede en Singapur, Grecia, Hong Kong, Marshall Islands— recurrieron sin éxito en los plazos disponibles.
El efecto operativo fue significativo. Cada tanquero incautado representaba típicamente entre 500.000 y 2 millones de barriles, con valor de mercado entre USD 30 y USD 150 millones según el descuento aplicado al crudo venezolano. Más relevante que el valor monetario individual, el efecto disuasivo sobre la flota de tanqueros disponible para evadir sanciones fue dramático. Las primas de seguros marítimos para cargas con sospecha de origen venezolano se elevaron a niveles prohibitivos. Operadores chinos, indios y de Singapur retiraron capacidad. La oferta de transporte se contrajo, elevando los descuentos sobre el precio Brent que recibía PDVSA.
«La incautación de tanqueros transformó el cálculo: cada barril venezolano evasor pasó de descuento manejable a riesgo de confiscación total. La oferta de transporte se desplomó.»
Operaciones encubiertas
Reuters y The Wall Street Journal reportaron durante el último trimestre de 2025 la ejecución de operaciones encubiertas de la Central Intelligence Agency en el espacio operativo venezolano. Los reportes, basados en fuentes anónimas con acceso a inteligencia comunitaria, no precisaban detalles específicos pero indicaban que las operaciones incluían recolección de inteligencia sobre la cadena de mando militar venezolana, articulación de canales con oficiales dispuestos a coordinar transición, posibles actividades de penetración cibernética sobre infraestructura crítica de comunicaciones del régimen y operaciones psicológicas dirigidas.
El marco jurídico estadounidense para operaciones encubiertas se sostiene en el Title 50 U.S. Code §3093, que requiere autorización presidencial mediante presidential finding y notificación a las comisiones de inteligencia del Congreso bajo procedimientos clasificados. La administración Trump habría firmado finding sobre Venezuela durante 2025, según fuentes citadas por The Washington Post y The New York Times, sin que el contenido específico fuese públicamente confirmado. El National Security Council, la CIA, la DIA y el Departamento de Estado coordinaban la articulación.
El gobierno venezolano denunció lo que calificaba de «operaciones de la CIA» mediante declaraciones del propio Maduro y de Diosdado Cabello. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General activaron lo que llamaron «investigaciones» que no produjeron resultados procesales verificables. La cúpula militar, en cambio, mantuvo perfil bajo en este capítulo. La ausencia de respuesta proporcional —ataques directos, expulsión masiva de personal estadounidense, ruptura formal de relaciones— configuró indicador adicional de la división interna del régimen.
El rechazo del exilio en Turquía
Múltiples fuentes diplomáticas, citadas por The Wall Street Journal, Reuters y The New York Times durante diciembre y enero, reportaron que la administración Trump articuló mediante intermediarios una oferta de exilio para Maduro y su círculo más cercano, con Turquía como destino propuesto. La oferta, según reconstrucciones periodísticas, incluía garantías de no extradición durante un período inicial, acceso controlado a recursos personales y posibilidad de mantener perfil residencial sin actividad política. La oferta se enmarcaba en la doctrina histórica de salidas ordenadas a líderes en proceso de transición.
Turquía, bajo la presidencia de Recep Tayyip Erdoğan, mantenía relaciones cercanas con el régimen venezolano. La cooperación bilateral en sectores energético, financiero y de comercio se había intensificado durante 2017–2025. Acuerdos sobre refinación, suministro de oro venezolano hacia mercados turcos y triangulación financiera articulaban una arquitectura de relación discreta. El gobierno turco, según los reportes, habría aceptado servir como destino bajo condiciones específicas, en una operación articulada con Estados Unidos pero sin compromiso público abierto.
Maduro, según los reportes, rechazó la oferta. Las razones, parcialmente reconstruidas, incluyeron: percepción de que aceptar el exilio constituía rendición incondicional, evaluación de que la posición del régimen aún era sostenible mediante alianzas con Rusia, China e Irán, y posiblemente cálculos personales sobre seguridad y patrimonio. El rechazo, comunicado a la administración Trump por canales diplomáticos, cerró la vía de salida negociada y reforzó la determinación operativa de Washington. La Operación Absolute Resolve del 3 de enero de 2026 ejecutó la captura militar como alternativa.
- ›Oferta articulada con Turquía como destino
- ›Garantías de no extradición durante período inicial
- ›Maduro rechaza · cierra vía negociada
- ›Captura militar (3 ene 2026) como alternativa
Reacciones
El gobierno venezolano respondió a las incautaciones de tanqueros con denuncias en la Organización de Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Maduro calificó las acciones de «piratería» y «agresión». Diosdado Cabello convocó movilización popular. Vladimir Padrino López ordenó alerta operacional naval. Las acciones internacionales del régimen no produjeron resultados sustantivos: el bloqueo diplomático ruso-chino en el Consejo de Seguridad fue contrarrestado por el respaldo estadounidense, británico y francés a las operaciones bajo régimen de sanciones e interdicción al narcotráfico.
Cuba, Nicaragua, Irán y Rusia condenaron explícitamente las acciones estadounidenses. China expresó posición matizada. La Unión Europea, mediante la Alta Representante para Asuntos Exteriores, expresó respaldo a la implementación efectiva del régimen de sanciones. España, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Alemania emitieron declaraciones individuales. Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay y Panamá respaldaron la línea estadounidense. Brasil, Colombia y México mantuvieron posición pragmática con preferencia por una salida negociada que el rechazo de Maduro al exilio en Turquía estaba haciendo cada vez menos viable.
La oposición venezolana respaldó las acciones. María Corina Machado, desde la clandestinidad operativa, sostenía coordinación con Washington. Edmundo González Urrutia desde Madrid reiteraba disposición de retornar. La Plataforma Unitaria sostenía la línea política. La diáspora venezolana en Florida, Madrid, Bogotá, Lima y otras ciudades articulaba presencia pública. Foro Penal y otras organizaciones de la sociedad civil mantenían el seguimiento sobre presos políticos, con Juan Pablo Guanipa y otros casos como elemento central.
Significado e implicaciones
Diciembre de 2025 fue el mes en que las piezas convergieron. La incautación de tanqueros completó el aislamiento financiero del régimen al elevar prohibitivamente el costo de evasión de sanciones. Las operaciones encubiertas de la CIA articularon la pieza de inteligencia y de penetración doctrinaria. El rechazo de Maduro a la oferta de exilio en Turquía cerró la vía de salida negociada. La captura militar mediante Operación Absolute Resolve el 3 de enero de 2026 fue la consecuencia operativa de esa secuencia: agotamiento de alternativas más blandas, capacidad militar habilitada, espacio político configurado por el encuentro Machado-Trump de noviembre.
Para Venezuela Primero, diciembre de 2025 es marcador cronológico operativo final del ciclo de presión. La secuencia que va desde el 20 de enero de 2025 (juramentación de Trump) al 3 de enero de 2026 (captura de Maduro) se lee retrospectivamente como una secuencia coherente articulada por presión escalonada: regulatoria, diplomática, militar disuasiva, militar activa interdictiva, política, y finalmente operativa multidominio. La doctrina, novedosa en su arquitectura, integra herramientas tradicionalmente separadas en una secuencia integrada.
Las incautaciones de tanqueros y los volúmenes confiscados configuran adicionalmente el inventario inicial de la cuarentena petrolera con venta supervisada que el Secretario Marco Rubio anunciaría como parte del plan tripartito el 7 de enero de 2026. El régimen jurídico de civil forfeiture aplicado a las cargas confiscadas durante diciembre articula la base legal del régimen de cuarentena. La continuidad operativa entre la fase de presión activa (operaciones de diciembre) y la fase de transición administrada (cuarentena petrolera y plan tripartito desde enero de 2026) es total.