Antecedentes: la sanción a PDVSA y la pausa Chevron
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) fue añadida a la lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) por OFAC el 28 de enero de 2019. La medida, parte de la política de máxima presión de la primera administración Trump, prohibió a personas estadounidenses transaccionar con la empresa estatal salvo autorización específica. Chevron, que mantenía joint ventures con PDVSA desde la década de 1990 —Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia, Petroindependiente—, operaba bajo Licencia General 8, una serie de autorizaciones limitadas para mantenimiento y desinversión renovadas trimestralmente.
La Executive Order 13884 de agosto de 2019 amplió el bloqueo a todos los activos del gobierno de Venezuela en jurisdicción estadounidense. Bajo este marco, Chevron y otros operadores —Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford— quedaron restringidos a actividades estrictamente esenciales para preservar valor de los activos físicos. La producción venezolana cayó de aproximadamente 2,3 millones de barriles diarios en 2015 a un mínimo cercano a 350.000 barriles diarios en julio de 2020, antes de recuperarse parcialmente.
La GL 8, renovada a través de versiones GL 8A, GL 8B y subsiguientes, no permitía a Chevron exportar crudo a Estados Unidos ni recibir pagos directos de la operación. Esta arquitectura mantuvo el activo en cuidado y custodia pero impidió monetización. La administración Biden, que asumió en enero de 2021, mantuvo el régimen mientras evaluaba reaperturas selectivas vinculadas al diálogo político.
El diálogo de México y los gestos previos
El diálogo entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, facilitado por Noruega y con México como sede, se había suspendido en octubre de 2021 tras la extradición del empresario Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos. Durante 2022 hubo varios canales secundarios. En marzo, una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas y obtuvo la liberación de dos ciudadanos estadounidenses detenidos. En octubre, un nuevo canje liberó a siete estadounidenses adicionales —entre ellos los CITGO 6— a cambio de dos sobrinos de Cilia Flores condenados por narcotráfico.
La reapertura formal del diálogo México se anunció el 26 de noviembre de 2022 con la firma del Segundo Acuerdo Parcial sobre Protección Social. Las partes acordaron solicitar la creación de un fondo administrado por Naciones Unidas con cerca de 3.000 millones de dólares de activos venezolanos congelados, destinado a salud, educación, alimentación y reconstrucción del sistema eléctrico. La GL 41 fue emitida ese mismo día como respuesta directa a la reanudación.
Estados Unidos enmarcó la decisión bajo la doctrina de incentivos condicionados: cualquier alivio sancionatorio respondería a pasos verificables hacia un proceso electoral creíble. La GL 41 se concibió como un primer paso reversible, no una concesión amplia. Las restricciones específicas mantenidas en la licencia fueron diseñadas para asegurar que el flujo financiero no llegara directamente al gobierno venezolano.
«La GL 41 inauguró el modelo de licencia condicionada y reversible que definió la política sancionatoria estadounidense hacia Venezuela durante el ciclo 2022-2024.»
Contenido sustantivo de la GL 41
La Licencia General 41 autorizó a Chevron Corporation y sus subsidiarias —Chevron Global Energy, Chevron Venezuela Holdings y entidades vinculadas— a llevar a cabo, durante seis meses inicialmente y con renovación automática salvo revocación: (a) operaciones de producción y mantenimiento en los joint ventures Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia y Petroindependiente; (b) exportación de crudo venezolano exclusivamente a refinerías estadounidenses; (c) compra de bienes y servicios en Venezuela necesarios para la operación; (d) pagos a PDVSA limitados a deuda pre-existente y servicios prestados.
La licencia mantuvo prohibiciones explícitas. Chevron no podía pagar impuestos, regalías o dividendos al gobierno venezolano ni a PDVSA en efectivo. Las exportaciones debían dirigirse a refinerías estadounidenses específicas, descartando reventa a terceros. Los ingresos generados por la operación se aplicarían primero a la cancelación de la deuda histórica de PDVSA con Chevron —estimada en unos 4.200 millones de dólares— antes de generar dividendos adicionales para la empresa.
OFAC simultáneamente emitió guidance complementario: cualquier transacción con personas SDN distintas de PDVSA y sus subsidiarias listadas seguía prohibida; los bancos correspondientes en Estados Unidos debían establecer canales segregados para liquidación; los registros contables debían mantenerse bajo estándares auditables. La GL 41 no superseded la GL 8; las dos coexistieron bajo el principio de norma específica para Chevron y norma general para el resto del sector.
- ›Vigencia inicial: 26 nov 2022, renovable automáticamente
- ›Beneficiarios: Chevron y subsidiarias listadas
- ›Cobertura geográfica: 4 joint ventures · Faja del Orinoco y occidente
- ›Destino exportador: refinerías estadounidenses únicamente
- ›Pagos a PDVSA: solo deuda pre-existente, sin dividendos al gobierno
- ›Fundamento normativo: 31 CFR Part 591
Reacciones internacionales
El Departamento de Estado, encabezado por Antony Blinken, defendió la decisión como respuesta calibrada al regreso del diálogo. La Casa Blanca insistió en que la licencia era específica, condicionada y reversible. Senadores republicanos como Marco Rubio —entonces senador por Florida y posteriormente Secretario de Estado— y Bob Menéndez expresaron reservas, calificando la medida de prematura sin compromisos verificables del gobierno venezolano.
La Unión Europea recibió la decisión con cautela. El Servicio Europeo de Acción Exterior emitió una nota describiendo el paso como compatible con su propia política de incentivos vinculados a procesos democráticos. Brasil, bajo el gobierno entrante de Lula da Silva, y Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, expresaron apoyo abierto. México, anfitrión del diálogo, celebró la coincidencia temporal entre la firma del Acuerdo Parcial y la GL 41.
Rusia, China e Irán denunciaron la licencia como ratificación implícita del régimen unilateral de sanciones. La OPEP, sin pronunciamiento institucional, registró el paso en sus reportes mensuales sobre Venezuela. La industria petrolera global —Reuters, Bloomberg, S&P Global, Argus Media— interpretó la GL 41 como apertura limitada con potencial de expansión si el proceso político avanzaba.
Impacto operativo y de mercado
Chevron retomó operaciones técnicas en cuestión de semanas. Para enero de 2023, los primeros cargamentos de crudo venezolano destinados a refinerías estadounidenses zarparon desde José y Bajo Grande. La producción de los joint ventures con Chevron pasó de aproximadamente 90.000 barriles diarios a fines de 2022 a más de 200.000 barriles diarios en el segundo semestre de 2023. La reactivación tuvo efecto multiplicador: operadores europeos —Eni, Repsol, Maurel & Prom— evaluaron solicitudes de licencias específicas similares, varias de las cuales OFAC concedió a lo largo de 2023.
El precio del crudo venezolano Merey en el spot market mostró respuesta moderada: el descuento frente al WTI se redujo gradualmente de aproximadamente 28 dólares por barril a 22-23 dólares por barril en los meses posteriores, reflejando mayor disponibilidad y mejores condiciones logísticas. Las refinerías de la Costa del Golfo —especialmente PADD 3— restablecieron la cadena tradicional de suministro de crudo pesado venezolano interrumpida en 2019, beneficiando a Valero, Phillips 66, Chevron USA y Citgo (esta última bajo administración de la junta ad hoc designada por la Asamblea Nacional de 2015).
Los efectos sobre el ingreso del gobierno venezolano fueron limitados por diseño. Estimaciones de Ecoanalítica y Aristóbulo Istúriz Center situaron el ingreso adicional para el sector público en menos de 100 millones de dólares anuales, comparado con varios miles de millones que habría representado una operación bajo régimen normal. Este diseño confirmó la naturaleza de incentivo gradual y no de levantamiento sancionatorio.
La GL 41 como precedente normativo
La Licencia General 41 estableció elementos que se replicarían en la arquitectura sancionatoria posterior. Tres aportes doctrinales son relevantes. Primero, la condicionalidad operativa: el flujo financiero hacia el gobierno se restringió mediante cláusulas explícitas, no mediante la mera declaración política. Segundo, la reversibilidad: la licencia podía ser revocada con preaviso corto si los compromisos políticos se incumplían, modelo que se aplicaría en febrero de 2025 cuando la administración Trump efectivamente revocó la autorización. Tercero, la beneficiaria singular: al limitar la licencia a Chevron, OFAC retuvo control granular sobre las operaciones autorizadas.
La GL 41 fue absorbida en la práctica por la GL 44 de octubre de 2023, aunque sin revocación formal. Cuando la GL 44 venció en abril de 2024 sin renovarse, la GL 41 mantuvo a Chevron bajo régimen específico. La revocación formal de la GL 41 ocurrió en febrero-marzo de 2025 bajo la segunda administración Trump, completando el cierre del ciclo abierto en noviembre de 2022.
Para la doctrina de sanciones, la GL 41 quedó como referencia operativa de la modalidad de licencia individual condicionada. Análisis del Council on Foreign Relations, del Atlantic Council Adrienne Arsht Latin America Center y del Inter-American Dialogue documentaron el caso como ejemplo de sanciones secundarias bien calibradas. Para Venezuela Primero, la GL 41 marca el inicio del ciclo regulatorio que culminó en la cuarentena petrolera del plan tripartito de enero 2026.