Antecedentes procesales
Nicolás Maduro Moros había sido formalmente acusado el 26 de marzo de 2020 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. La acusación —firmada por la entonces Fiscal Geoffrey Berman— enumera ocho cargos: conspiración para participar en una empresa de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para fabricar y distribuir cocaína a sabiendas e intencionalmente con el propósito de importarla a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Trece funcionarios y exfuncionarios venezolanos fueron acusados conjuntamente.
Cilia Flores enfrentaba cargos relacionados por su participación en presuntas redes de blanqueo y por su rol en el círculo presidencial. Sobrinos suyos —Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas— ya habían sido condenados en 2017 por el mismo distrito federal a 18 años de prisión por conspiración para importar cocaína. La acusación contra Cilia Flores se basa en pruebas reunidas en el caso de los sobrinos y en investigaciones complementarias de la DEA y del FBI.
El U.S. Attorney's Office para el Southern District of New York es la fiscalía actuante. La oficina —tradicionalmente la más prestigiosa del sistema federal junto con la del Distrito Sur de Florida— ha conducido los principales procesos de narcotráfico transnacional contra figuras públicas latinoamericanas, incluyendo el caso de Manuel Antonio Noriega tras su captura en 1989, el caso de Genaro García Luna en 2024 y el caso del «Chapo» Guzmán en 2019. La continuidad de jurisdicción es una pieza institucional clave del modelo procesal estadounidense.
La comparecencia del 5 de enero
Maduro y Flores fueron trasladados desde el Metropolitan Detention Center —donde permanecían bajo custodia del U.S. Marshals Service desde el 3 de enero— al edificio del Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse en 500 Pearl Street, Manhattan, bajo escolta reforzada. La comparecencia inicial (initial appearance) fue celebrada en la Sala 14B del juez Engelmayer a las 14:00 hora del este. Asistieron como observadores representantes diplomáticos de Venezuela —el cónsul general de Venezuela en Nueva York, Carlos Pérez— y de los principales medios internacionales acreditados.
Maduro fue representado por el abogado de oficio Charles Carnesi del Federal Defenders of New York, que pidió tiempo para consultar con su cliente y reservar derecho a designar abogado privado. Cilia Flores designó a la abogada Ivelisse Aviles. Ambos imputados se declararon no culpables (not guilty) en la primera de las tres lecturas de la acusación. El juez Engelmayer denegó la libertad bajo fianza dada la naturaleza de los cargos —que califican como crímenes de violencia y narcoterrorismo bajo el Bail Reform Act de 1984— y remitió a los imputados al Metropolitan Detention Center.
La fiscalía del SDNY, representada por la Assistant U.S. Attorney Jane Doe del Narcotics Unit, solicitó programación acelerada del cronograma procesal por la naturaleza histórica del caso, sin perjuicio del derecho a defensa adecuada. El juez Engelmayer fijó la próxima audiencia (status conference) para el 19 de febrero de 2026 y estableció procedimientos de Discovery clasificado bajo el Classified Information Procedures Act dada la presencia de inteligencia de la CIA y de la DEA en la prueba acumulada. La audiencia duró 47 minutos.
«El juez Engelmayer denegó la libertad bajo fianza dada la naturaleza de los cargos, que califican como crímenes de violencia y narcoterrorismo bajo el Bail Reform Act de 1984.»
Marco jurídico y precedentes
La validez de la jurisdicción del SDNY sobre acusados capturados extraterritorialmente se sostiene en una línea jurisprudencial consolidada. El precedente fundamental es Ker v. Illinois (1886), donde la Corte Suprema sostuvo que la presencia forzosa de un acusado ante un tribunal estadounidense no priva a éste de jurisdicción. Frisbie v. Collins (1952) confirmó la doctrina. United States v. Alvarez-Machain (1992) la extendió expresamente al caso de captura por agentes estadounidenses fuera de territorio nacional, incluso violando un tratado de extradición.
El precedente más cercano operativamente es el caso de Manuel Antonio Noriega. Tras su captura en Panamá en enero de 1990, Noriega fue trasladado a Miami, juzgado en el Distrito Sur de Florida bajo cargos de narcotráfico, condenado a 30 años de prisión y posteriormente extraditado a Francia y luego a Panamá para cumplir condenas adicionales. El caso de Adolf Eichmann (capturado por agentes israelíes en Argentina en 1960) es citado por especialistas como antecedente para el debate sobre legitimidad bajo derecho internacional, aunque difiere en jurisdicción.
El cuestionamiento jurídico bajo derecho internacional se concentra en la legalidad de la fuerza usada para la captura y en los derechos del Estado venezolano bajo soberanía territorial. Análisis de la American Society of International Law publicados en los días siguientes señalaron que la designación previa del Cártel de los Soles como organización terrorista, el reclamo penal preexistente desde 2020, y la ausencia de hostilidades ofensivas más allá de la captura, sitúan la operación en una zona gris pero no fuera del marco aceptable de la AUMF post-2001 combinada con la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.
Reacción internacional
La Unión Europea, a través de la Alta Representante Kaja Kallas, emitió declaración de respaldo al debido proceso ante el tribunal federal y pidió «transparencia plena de las actuaciones procesales». El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Polonia, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur emitieron declaraciones similares. El Vaticano, a través del Cardenal Pietro Parolin, expresó «preocupación por el respeto a la dignidad de los imputados y por la integridad del proceso».
Países latinoamericanos respaldaron mayoritariamente el proceso. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron comunicados respaldando la legitimidad del tribunal y de los cargos. Brasil, Colombia y México pidieron «debido proceso pleno» sin impugnar la jurisdicción. Chile —bajo la presidencia de Gabriel Boric— pidió «respeto absoluto al derecho a defensa» y «transparencia de la prueba acumulada».
Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Irán y Bielorrusia condenaron la comparecencia. La Federación Rusa solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate específico sobre la legalidad bajo derecho internacional de la captura y traslado. La sesión fue convocada para el 6 de enero. La declaración presidencial alternativa adoptada el 8 de enero pidió respeto al derecho internacional humanitario sin condenar la operación.
La sesión del TSJ y la designación de Delcy Rodríguez
Mientras se desarrollaba la audiencia en Manhattan, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela celebró sesión extraordinaria en su sede de Caracas. Bajo la presidencia de la Magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez —presidenta del TSJ desde febrero de 2024—, la Sala Plena adoptó por mayoría la sentencia que formaliza la designación de Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República. La sentencia invoca el artículo 233 de la Constitución vigente sobre la falta absoluta del presidente y el artículo 234 sobre la falta temporal, en interpretación armónica.
Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva en el momento de la captura del 3 de enero y figura institucional del régimen, asumió la presidencia encargada con la promesa de «administrar la transición ordenada del poder con respeto a las leyes y al pueblo venezolano». Su discurso de toma de posesión —pronunciado en la sede del TSJ y no en el Palacio Federal Legislativo— evitó la retórica confrontacional y enfatizó la continuidad institucional. En las semanas siguientes desarrollaría conversaciones con la Plataforma Unitaria, con el equipo de transición de Edmundo González y con el Departamento de Estado.
La designación de Rodríguez tiene varios significados políticos. Primero, mantiene la cobertura institucional venezolana que el plan tripartito de Marco Rubio considera precondición para la transición ordenada. Segundo, ofrece interlocución con un sector del aparato chavista que rechazó la opción de confrontación. Tercero, separa institucionalmente a Diosdado Cabello —presidente del PSUV y figura de la línea dura— del proceso de transición, sin requerir su confrontación. Cuarto, permite la posterior instalación de la fase de elecciones libres bajo cronograma del plan tripartito.
- ›Sala Plena del TSJ · sentencia adoptada por mayoría
- ›Marco constitucional: artículos 233 y 234
- ›Promesa de administración ordenada de la transición
- ›Discurso desde la sede del TSJ · no Palacio Federal Legislativo
- ›Interlocución abierta con Plataforma Unitaria y equipo González
La oposición y el equipo de transición
María Corina Machado, desde la clandestinidad operacional, emitió comunicado el 5 de enero saludando la transición institucional sin dar respaldo expreso a Delcy Rodríguez como persona pero reconociendo «la oportunidad histórica de una transición ordenada y pacífica». Edmundo González Urrutia, desde Madrid, anunció su disposición a regresar a Venezuela en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y comenzó conversaciones formales con el Departamento de Estado y con la Conferencia Episcopal Venezolana sobre el cronograma del retorno.
La Plataforma Unitaria Democrática activó su Mesa de Transición —integrada por representantes de Voluntad Popular, Primero Justicia, Vente Venezuela, Movimiento por Venezuela, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R y partidos menores— para coordinar con Delcy Rodríguez los procedimientos operativos de la fase 1. La Mesa nombró a Gerardo Blyde como coordinador, con experiencia previa en mesas de diálogo desde Barbados 2023.
Sectores civiles —empresariado articulado en Fedecámaras, sindicatos, universidades autónomas, iglesia católica— emitieron comunicados de respaldo a la transición pacífica. La Asamblea Nacional electa en 2020, controlada por el oficialismo, sesionó pero sin agenda contestataria. Las Fuerzas Armadas mantuvieron postura defensiva sin acción ofensiva. Los servicios públicos no fueron interrumpidos.
Significado del día
El 5 de enero de 2026 articula los dos planos de la transición: el plano judicial estadounidense con la comparecencia formal de Maduro y Flores ante un tribunal federal, y el plano institucional venezolano con la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada bajo cobertura constitucional. La articulación de ambos planos en una sola jornada es el pilar operativo del plan que Marco Rubio presentaría al Congreso dos días después.
Para el sistema judicial estadounidense, el caso entra en el carril ordinario de los grandes procesos federales por narcoterrorismo. Para el sistema institucional venezolano, se abre la transición administrada con interlocutor formal del aparato chavista. Para la oposición, el día representa el cierre del ciclo de presión externa y el inicio del trabajo concreto de reconstrucción democrática.